El Tribunal de Estrasburgo revisa la sentencia del ‘procés’ y pide respuestas a España

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha instado al Gobierno español a presentar alegaciones en respuesta a las supuestas violaciones de derechos fundamentales denunciadas por los soberanistas.  

Los líderes del procés en un acto en 2021. / Twitter @JosepBargallo
Los líderes del procés en un acto en 2021. / Twitter @JosepBargallo

La carpeta del procés ha llegado oficialmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Los jueces europeos han comenzado a analizar los recursos presentados por nueve exconsellers y líderes independentistas catalanes, quienes previamente fueron condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo de España. Como parte del procedimiento habitual, el TEDH ha instado al Gobierno español a presentar alegaciones en respuesta a las supuestas violaciones de derechos fundamentales denunciadas por los soberanistas. El plazo otorgado al Ejecutivo español para presentar estas alegaciones expira el 12 de enero de 2024.

La solicitud de los jueces europeos a España refleja un interés sustancial en el caso, ya que el TEDH suele admitir solo una fracción muy reducida de las demandas que recibe. Esto sugiere que el tribunal considera que existen razones suficientes para analizar el caso catalán, a pesar de que los condenados ya han sido indultados y se encuentran en libertad.

Además, las preguntas formuladas por los jueces del TEDH ponen al Gobierno español en la posición de tener que tomar una postura clara sobre asuntos que previamente había evitado abordar. Esto se debe a que cualquier discusión sobre una posible amnistía relacionada con la investidura había generado una fuerte oposición tanto en la derecha política como en el sistema judicial español.

Entre las cuestiones planteadas por el TEDH se encuentra si el Tribunal Supremo español aplicó de manera "expansiva" o "inimaginable" los delitos de sedición y malversación al condenar a Oriol Junqueras y a otros líderes soberanistas. Este es uno de los argumentos clave que llevaron a los condenados a recurrir a instancias europeas, impulsados por votos particulares de magistrados del Tribunal Constitucional que consideraron desproporcionada la sentencia.

El tribunal europeo cuestiona de esta forma si los líderes independentistas fueron condenados por el "ejercicio legítimo" de sus derechos a la libertad de asociación y expresión, una cuestión fundamental en el recurso de los dirigentes condenados que no ocupaban cargos de consellers ni diputados, como los expresidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

A diferencia de consultas anteriores, que se centraron en el encarcelamiento preventivo de los líderes soberanistas y la restricción de sus derechos políticos, estas preguntas se centran en el juicio y la condena que siguió en el Tribunal Supremo español. Esto incluye preguntas sobre si la sentencia de más de nueve años de prisión vulneró su derecho a la libertad y si el Alto Tribunal condenó a los independentistas "sin ninguna evidencia" y sin proporcionarles acceso al sumario durante el proceso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos representa la última esperanza para los exlíderes independentistas catalanes que fueron indultados en 2021 y que buscan que se reconozcan las presuntas violaciones de sus derechos fundamentales, cuestiones que la mayoría de los jueces españoles del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han rechazado.

El plazo que el TEDH ha establecido para la respuesta del Gobierno español, hasta el 12 de enero de 2024, coincide con el proceso para elegir un nuevo presidente del Gobierno en España, lo que agrega un elemento adicional de complejidad política a esta situación.

En febrero pasado, el Tribunal Supremo español revisó las condenas de los nueve condenados debido a cambios en la legislación penal que modificaron los delitos de sedición y malversación. Sin embargo, esta revisión se limitó a las penas de inhabilitación, ya que las condenas de prisión fueron indultadas por el Gobierno en 2021. @mundiario

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