Los líderes condenados del ‘procés’ pedirán al Tribunal Supremo su absolución
Las defensas de los independentistas reclamarán que se extingan las inhabilitaciones políticas una vez entre en vigor la reforma al Código Penal, el jueves.
Los líderes independentistas condenados por el procés catalán pedirán al Tribunal Supremo una nueva sentencia absolutoria, que extinga del todo su responsabilidad penal y que suprima las penas de inhabilitación que la justicia les impuso en octubre de 2019, una vez que entre en vigor la reforma del Código Penal que contempla la eliminación del delito de sedición y las rebajas a la malversación, este mismo jueves.
Así lo han aseverado fuentes de las defensas de los nueve líderes soberanistas a la prensa, un día antes de que decaiga el delito de sedición por el cual fueron condenados en primer lugar. El Tribunal Supremo tiene previsto abrir de oficio un expediente de revisión de sentencia, y solicitar a las partes que informen sobre el efecto que debe tener la reforma sobre las penas impuestas a los exdirigentes del Govern y de las instituciones catalanas por la celebración del referéndum independentista del 1-O.
Según ha avanzado El Confidencial, las defensas de los acusados pedirán no solo su absolución de todos los delitos, incluido el de malversación, sino que argumentarán que no se les puede aplicar el delito de desórdenes públicos agravados (con el que el Gobierno ha sustituido la sedición). También ha trascendido que queden excluidas las inhabilitaciones para ocupar cargos políticos, por lo que los procesados podrían presentarse en próximas elecciones.
El Supremo abrirá ese expediente previsiblemente el viernes, pero algunos de los abogados de los condenados podrían no esperar ese tiempo, sino que podrán solicitar el mismo jueves que se dicte una nueva sentencia, con la entrada en vigor de la reforma. Aunque cada uno de los imputados presentará su propio escrito, pero las defensas de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana se han coordinado para que el planteamiento de los textos sea similar, según El País.
Los letrados pedirán la eliminación de las inhabilitaciones
El Tribunal Supremo condenó en 2019 a entre nueve y 13 años de cárcel e inhabilitación a los nueve miembros del Govern y entidades soberanistas que impulsaron la consulta secesionista. El Gobierno de Pedro Sánchez indultó las penas de prisión, aunque no las de malversación, pero a finales del año pasado impulsó la reforma por la vía de urgencia para derogar el principal delito de la sentencia y para modificar la malversación, por el que solo cuatro de los nueve procesados fueron condenados.
Pero la reforma obliga al Supremo a revisar la sentencia una vez escuche las acusaciones de la Fiscalía, Vox y la Abogacía del Estado; así como la posición de las defensas. Los magistrados que se encargarán del expediente son los mismos que juzgaron y condenaron a los independentistas, por lo que deberán descubrir cómo encajan los hechos que declararon como probados dentro del nuevo marco jurídico español.
La intención de solicitar la absolución es la circular 3/2010 de la Fiscalía General del Estado, sobre el régimen transitorio aplicable a la reforma del Código Penal, que detalla que la revisión de sentencias debe partir del principio de retroactividad de la ley más favorable para el reo. La pena por sedición (extinguida ya gracias al indulto), deberá desaparecer de la sentencia pues el delito no existe más, por lo que se verían beneficiados el exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, los exconsejeros Joaquim Forn (Interior) y Josep Rull (Territorio) y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Mientras tanto, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo) fueron condenados tanto por sedición como malversación. La reforma del Código Penal contempla diferenciar las penas en función de si hay o no enriquecimiento personal en la malversación, con una rebaja en caso de que no lo haya, con entre uno y cuatro años de cárcel si es que ha habido un “entorpecimiento grave del servicio público”, y solo entre uno y tres años de inhabilitación si ese daño no ha ocurrido.
Según El País, los letrados abogarán que se elimine también la malversación de la nueva sentencia del Supremo, pues en su día el tribunal sostuvo que la comisión de ese delito fue solamente un medio necesario para incurrir en otro, es decir, la sedición que ahora no existe. @mundiario
