Trapero declarará ante la Audiencia Nacional por los incidentes del 20-S
El jefe de los Mossos d'Esquadra es acusado de sedición por la fiscalía junto a otros tres funcionarios catalanes, quienes también deberán comparecer.
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, deberá presentarse a declarar como investigado ante la Audiencia Nacional luego de que la juez Carmen Lamela lo haya citado por la causa por sedición que se abrió la semana pasada a raíz de los incidentes del último 20 de septiembre, cuando miles de manifestantes intentaron impedir las maniobras de la policía y la guardia civil para evitar el referéndum de autodeterminación que se celebró el 1 de octubre. La institución policial ha respondido asegurando que se presentarán ante la Audiencia para defender la dignidad y legalidad de su labor, según comunicó Rebeca Carranco citada por El País.
Lamela, cabeza del juzgado central de instrucción número 3, citó de igual forma a Teresa Laplana, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, intendente de los Mossos en el Eixample, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente. Estos otros tres individuos también declararán como imputados. A su llegada a la Audiencia, deberán ir escoltados por sus abogados.
El presidente de la ANC ha asegurado que "el Estado definitivamente ha enloquecido" y no ha confirmado su asistencia. De igual forma, Cuixart se niega a hacerse responsable por "un delito de sedición" durante las protestas en mención y repitió el compromiso de la organización que preside con las "movilizaciones permanentes" y "pacíficas". Las entidades soberanistas, explica el presidente de Òmnium Cultural, "no hicieron ninguna llamada a la violencia" durante esta movilización, por lo que se niega a asumir la autoría "de cualquier tipo de delito".
De ser encontrados culpables, los investigados podrían recibir hasta 15 años de cárcel por el delito de sedición, que condena a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" con el propósito de "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o bien para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
Lamela tardó apenas una semana en acordar estas diligencias luego de haber admitido a trámite la denuncia enfilada por la fiscalía contra quienes tomaron parte de las protestas ante la Consejería de Economía de la Generalitat, instalada en el distrito de Eixample (jurisdicción de Laplana) luego de los registros acordados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona al entender que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de sedición por ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado", explica El País.
Hasta 40.000 personas protestaron y protagonizaron altercados en aquella ocasión contra la Operación Anubis, la cual dejó 14 altos cargos de la Generalitat detenidos por participar en los preparativos del referendo. De acuerdo a la fiscalía, los manifestantes "pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcadas frente a la Conselleria de Economia, a fin de impedir su legítima actuación", mientras que "voluntarios de la ANC", cubiertos con petos verdes, y "conscientes de que con ello dificultarían la intervención policial", formaron un cordón ante la puerta de la Consejería para que los agentes de la Guardia Civil no pudieran llevarse a los altos cargos detenidos. "Los manifestantes amenazaron a la Guardia Civil al grito de “no sortireu (no saldréis)", reza la denuncia citada por el mismo diario.
El texto también recoge que Sánchez habría dicho a los manifestantes que no se fueran a casa pues "será una noche larga e intensa". Así, el Juzgado de Instrucción nº 13 se comunicó inmediatamente con Trapero a fin de "ordenarle expresamente que activara el dispositivo de seguridad para permitir la salida de la Comisión Judicial, formada por los agentes y la Letrada de la Administración de Justicia". La misma debio "salir ya de madrugada a través de la azotea del edificio, al impedir los manifestantes su salida por la puerta".
Cuixart, por su parte, pidió que "la movilización no se detuviera", de acuerdo a la fiscalía, en tanto que en el exterior, tres coches oficiales de la Guardia Civil "fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio de Hacienda. La turba destrozó los tres vehículos oficiales".
