El Supremo llama a declarar a Miguel Ángel Rodríguez en la causa contra el fiscal general
El magistrado Ángel Luis Hurtado, encargado de instruir la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido citar como testigos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a ocho periodistas de diversos medios de comunicación. La decisión responde a una solicitud de los propios imputados, García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid.
Rodríguez, considerado una figura clave en el equipo de Ayuso, deberá comparecer el 8 de enero en calidad de testigo, con la obligación legal de declarar bajo verdad. Junto a él, se ha programado la declaración de dos periodistas el mismo día y de otros seis el 9 de enero. Los medios implicados incluyen a El Mundo, La Sexta, la Cadena SER, eldiario.es, El Plural, Vozpópuli y Libertad Digital.
El caso tiene su origen en un conflicto desatado en marzo, cuando se acusó a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, de liderar una trama de facturas falsas para defraudar 350.000 euros a Hacienda. Ante las acusaciones, desde el equipo de Ayuso se lanzó la versión de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera los delitos, un supuesto chantaje que varios medios reprodujeron en un primer momento. Sin embargo, documentos filtrados posteriormente desmentían esta narrativa y señalaban que el propio abogado de González Amador habría iniciado contactos para alcanzar un acuerdo.
La investigación actual, centrada en determinar la autoría de una filtración de correos electrónicos relacionados con el caso, apunta a García Ortiz. Aunque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado una posible implicación del fiscal general, todavía no se han presentado pruebas concluyentes.
El alcance de la investigación ha ido ampliándose. En paralelo, el exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha prestado declaración como testigo tras registrar ante notario una conversación con un alto cargo de Moncloa relacionada con los mismos hechos. También se ha convocado al fiscal Salvador Viada, quien denunció presuntas irregularidades durante el registro del despacho del fiscal general.
El caso, que representa la primera imputación de un fiscal general en la historia democrática de España, pone en el punto de mira no solo a García Ortiz, sino también a la cultura interna del Ministerio Público y los posibles abusos de poder en el ámbito judicial. La resolución de estas interrogantes será clave para determinar si se cometió un delito de revelación de secretos o si la filtración responde a otros intereses políticos o mediáticos. @mundiario
