El Supremo exige claridad sobre los ingresos y donaciones de Ábalos
El caso Ábalos, que se cuece a fuego lento en los pasillos del Tribunal Supremo, ha cruzado ya la delgada línea entre la sospecha política y la investigación judicial. Lo que comenzó como una causa anexa al escándalo del caso Koldo –una red de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares durante la pandemia– se adentra ahora en el terreno espinoso del patrimonio personal de uno de los pesos pesados del PSOE en la última década. El juez Leopoldo Puente ha decidido levantar la alfombra de los ingresos, movimientos bancarios y donaciones del exministro tras detectar, gracias a la UCO, importantes “faltas de sintonía” entre lo que debería haber en sus cuentas y lo que realmente hay.
La cifra más llamativa, y preocupante, es esta: entre 2014 y 2024, el Congreso de los Diputados habría abonado a José Luis Ábalos algo más de 750.000 euros. Sin embargo, según el rastro bancario que ha seguido la Guardia Civil, en las cuentas del exministro apenas aparecen reflejados 80.000 euros procedentes de la Cámara baja. Una diferencia de casi 670.000 euros que, de momento, carece de explicación satisfactoria. A ello se suma un segundo descuadre: según Hacienda, Ábalos habría donado al PSOE más de 44.000 euros, pero la UCO solo ha podido constatar una quinta parte de ese importe.
Estas divergencias han llevado al juez a exigir al Congreso de los Diputados un desglose minucioso de todos los pagos realizados al exministro, incluyendo fechas, cuentas de destino y conceptos. También ha pedido al PSOE que aclare los ingresos y donaciones recibidas o efectuadas por Ábalos durante ese mismo periodo. La investigación, por tanto, no solo gira en torno a posibles irregularidades, sino que pone en entredicho la fiabilidad de los controles internos de las instituciones. ¿Cómo es posible que no exista una trazabilidad clara del dinero público entregado a un alto cargo político?
Pero lo más preocupante del caso no es únicamente lo que implica para Ábalos, sino lo que desvela sobre la arquitectura del sistema. En un país que presume de controles fiscales, transparencia institucional y cultura democrática, resulta alarmante que los ingresos de un exministro puedan presentar semejantes lagunas sin que ninguna alarma saltase antes. La cuestión no es solo qué hizo Ábalos con ese dinero, sino por qué las instituciones permitieron que los posibles desajustes patrimoniales pasaran desapercibidos durante años.
Este nuevo capítulo en el proceso judicial también afecta a otras figuras cercanas al núcleo investigado. El juez ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social la vida laboral de varios empresarios implicados, así como del actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del propio Koldo García, asesor de Ábalos en el ministerio y eje del caso inicial. Además, se ha pedido a Hacienda —y, en algunos casos, a la Hacienda foral navarra— que aporte información detallada sobre los movimientos económicos de los investigados y de las empresas supuestamente implicadas.
Todo esto sugiere una instrucción que se extiende, que no pierde fuerza con el tiempo, y que apunta a una posible red de favores, adjudicaciones opacas y gestión irregular de fondos públicos que comprometería no solo la reputación de un dirigente político caído en desgracia, sino también a una estructura partidaria que, por acción u omisión, no controló lo que debía.
La lectura más inquietante del caso Ábalos es que evidencia hasta qué punto pueden coexistir, dentro del sistema institucional español, una retórica de integridad y una praxis de opacidad. La transparencia, esa palabra tan manoseada en los discursos políticos, se demuestra a menudo como un principio decorativo y no como una práctica efectiva.
De momento, lo que tenemos es un juez que se atreve a hurgar en los entresijos del poder, una Guardia Civil que encuentra demasiadas incógnitas en los números, y un exministro que deberá responder, tarde o temprano, a una pregunta incómoda: ¿dónde fue a parar todo ese dinero?
Porque en una democracia madura, no basta con declarar ingresos o aparecer en la foto correcta. La ciudadanía tiene derecho a saber si quienes legislan, gobiernan o gestionan lo público lo hacen con rectitud. Y, sobre todo, si están dispuestos a rendir cuentas. Hasta el último céntimo. @mundiario
