Los socios del Gobierno sostienen el apoyo, pero la prisión de Ábalos eleva la alarma política
La entrada en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha golpeado al Gobierno en uno de los momentos más delicados de la legislatura. Los socios parlamentarios mantienen, al menos de forma oficial, la misma posición expresada tras el encarcelamiento del también exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán: apoyo condicionado a que la investigación no revele una trama de financiación ilegal que alcance al partido. Pero las declaraciones medidas, las incomodidades explícitas y los silencios calculados revelan que la preocupación se ha disparado.
La derrota del Ejecutivo en el primer trámite de los Presupuestos ha confirmado lo evidente: la mayoría que sustentaba a Pedro Sánchez ya no existe como tal. Cada votación se convierte en un ejercicio de supervivencia política y, para muchos aliados, empieza a ser difícil imaginar una legislatura completa.
La incomodidad del PNV, históricamente el socio más fiable del Gobierno, es quizá la señal más clara del desgaste. Su portavoz, Aitor Esteban, ya deslizó que Sánchez debería empezar a pensar en una fecha electoral. Ayer insistió en que “las costuras del Estado se están tensando e incluso rompiendo”, en referencia a los encarcelamientos de Ábalos y Cerdán y a la parálisis legislativa.
“Hay una inestabilidad parlamentaria que hace prácticamente imposible conseguir una mayoría”, agregó Esteban al ser abordado por los periodistas. Aun así, los nacionalistas vascos mantienen la misma línea roja que el resto: solo una prueba de corrupción estructural del PSOE justificaría un giro drástico.
Junts y Podemos, grietas a ambos lados del tablero
ERC, en pleno proceso de negociación sobre el modelo de financiación autonómica, no contempla romper con el Gobierno por ahora. Gabriel Rufián lo ha reiterado: mientras no aparezca financiación ilegal, no habrá movimientos.
EH Bildu, convertido en sostén clave e inamovible del Ejecutivo, evita pronunciamientos bruscos y fuentes parlamentarias expresaron a El País que “la legislatura continúa”. Las acusaciones de Ábalos sobre supuestas reuniones secretas de Arnaldo Otegi con Sánchez en un caserío para pactar la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy han sido desmentidas con contundencia, reforzando la idea de que el exministro no está en condiciones de erosionar la relación.
Junts mantiene su pulso con el Gobierno, pero ha decidido situarse al margen del caso Ábalos, consciente de que el asunto discurre en un terreno políticamente volátil. Su voto en contra de la senda de estabilidad, decisivo para tumbar la propuesta del Ejecutivo, ha evidenciado la ruptura de puentes.
Podemos, por su parte, continúa su estrategia de oposición desde dentro del espacio progresista. La prisión de Ábalos le permite reforzar su discurso contra la corrupción, pero la formación evita pasos que precipiten elecciones, conscientes del riesgo electoral que ello supondría y el temor de ser responsabilizada por el resultado de lo que salga de las urnas, especialmente un Gobierno de coalición entre PP y Vox.
Sumar, entre la cautela y la presión reformista
El socio minoritario del Gobierno, Sumar, opta por una prudencia calculada. No se aventura a valorar consecuencias políticas, pero exige investigar “hasta el final, caiga quien tenga que caer” y reclama reformas para evitar nuevas irregularidades.
Desde el Ejecutivo se intenta proyectar normalidad y distanciamiento absoluto respecto a Ábalos. La vicepresidenta primera María Jesús Montero asegura que el Gobierno “no se dejará chantajear por nadie”, en alusión a las filtraciones del exministro. En privado, las fuentes consultadas reconocen que el impacto político es menor que el provocado por el caso Cerdán, pero admiten que el contexto general —fragilidad parlamentaria, desgaste judicial y ruptura con Junts— dibuja un escenario cada vez más cuesta arriba.
Aunque Sánchez mantiene que no hay votos suficientes para una moción de censura, sus socios empiezan a pensar más en cómo acabar la legislatura que en cómo continuarla. Y la preocupación compartida tiene un epicentro claro: si la investigación señala una posible financiación ilegal, el tablero político podría saltar por los aires.
Por ahora, el apoyo continúa. Pero el equilibrio que sostiene al Gobierno nunca ha sido tan frágil. Y cada nuevo sobresalto judicial tensiona un poco más las costuras de una legislatura en la que el silencio, más que nunca, empieza a sonar a advertencia. @mundiario
