¿Sigue el PSOE dispuesto a anular la prisión permanente revisable?

No hay lugar a dudas. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, lo ha dejado claro: El Gobierno está a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre la Prisión Permanente Revisable para proceder con el propósito, repetidamente expresado, de anularla. De suyo, da igual que la actual ley sea o no constitucional. Si cuenta con la adecuada mayoría, como la que ahora lo sostiene, puede modificarla. Se considera que es una ley “inhumana” y una parte de los analistas dicen que, pese a su dureza no reduce la criminalidad.

La cadena perpetua revisable la aplican países europeos de larga tradición democrática como: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria o Suiza. En todos ellos existen de una pena similar a la prisión permanente revisable española.  En la mayor parte de estos Estados, la primera revisión de la pena se hace a partir de los 15 años. La española se considera una de las más severas, lo que provoca las repetidas críticas a la misma.

Ciertamente es una forma de cadena perpetua matizada. La española entró en vigor el 30 de marzo de 2015, fecha en la que se aprobó la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modificó el Código Penal. Uno de los primeros sujetos al que fue aplicada es David Oubel, condenado por haber matado a sus hijas de cuatro y nueve años con una sierra radial eléctrica y un cuchillo de cocina. Curiosamente, José Emilio Suárez Trashorras minero que facilitó explosivos para los atentados del 11-M, pidió que se aplicara, para acceder a los beneficios penitenciarios y poder revisar su condena a los 25 años.

Esta pena se reserva para “supuestos de excepcional gravedad en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada, sujeta a un régimen de revisión”. Corresponde a asesinatos especialmente graves. También se reserva a otros casos menos probables, como homicidio del jefe del Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.

Aparte del caso de David Oubel, hasta ahora ha sido aplicada en España en pocos casos: A Sergio D.G, que asesinó al abuelo de su novia tras propinarle más de 30 puñaladas en diversas partes del cuerpo y asestarle numerosos golpes en la cara con diversos objetos contundentes que encontró en la casa, aumentando y prolongando con ello su sufrimiento, y aprovechándose de la discapacidad de la víctima por un ictus isquémico que había sufrido años atrás y que limitaban su movilidad y su posibilidad de defensa.

A la misma pena fue condenado Daniel Montaño, el saxofonista que arrojó por la ventana a una niña de 17 meses e intento asesinar a su madre en Vitoria. Igualmente fue condenado Marcos Javier Miras Montánez, de 42 años, para causar el mayor daño a su esposa, de la que estaba separado, aprovechando el régimen de visitas que tenía con su hijo de 11 años de edad, trasladó al menor en coche hasta un paraje apartado y boscoso, donde le asestó varios golpes en la cara y en la cabeza con una pala de obra que portaba al efecto, que causaron la muerte del pequeño.

El último ha sido Patrick Nogueira, el joven brasileño acusado de asesinar a sus tíos, de 39 años, y a sus primos de 1 y 4 años en Pioz (Guadalajara) ha sido condenado a prisión permanente revisable. Otros asesinos conocidos por su crueldad son candidatos a la misma pena y otros la habrían merecido de haber estado vigente cuando fueron juugados.

En octubre de 2017, prosperó en el Congreso de los Diputados el inicio del proceso para suprimir lo que fue calificado como supuesto de prisión permanente más duro de Europa. Hasta entonces, el máximo tiempo que un criminal podría permanecer en prisión eran 40 años. Desde aquella reforma, se implantó en España una cadena perpetua revisable a los 25 años, en función de unos exigentes requisitos de rehabilitación del delincuente.

La iniciativa partió del PNV y su proposición de ley del PNV para dar inicio a la derogación de esta polémica pena con 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones. A favor de eliminar esta medida se pronunciaron PNV, el PSOE y Unidos Podemos, además de otros partidos minoritarios como Compromís o Bildu. Los 17 diputados nacionalistas catalanes no participaron en el Pleno, pero también están en principio a favor de la iniciativa. Ciudadanos, se abstuvo.

El PNV considera que esta pena es “irresponsable, «inconstitucional y desproporcionada y está en contra de la “humanización de la pena”, cuyo objeto es siempre la reinserción social. El PP argumentó en contra de la supresión que lo que propone el PNV es “reducir las penas para «los autores de los crímenes más execrables», como «los asesinos en serie, los asesinos de niños o los terroristas”. Podemos argumentó que esta ley no es Justicia, sino venganza.  Por su parte, el PSOE, la supresión de esta pena encabezó su listado de las disposiciones de la era Rajoy a suprimir. El PSOE defiende que “lo que es permanente no es revisable y lo que se revisa no es permanente”, que no endurece las penas y solamente aporta “populismo punitivo“.

La opinión ciudadana

Sin embargo, conmovida cada vez que se producen crímenes como el de Diana Quer o el de Laura Luelmo, que ahora lamentamos, la opinión de la calle, según diversas consultas, está mayoritariamente a favor, cerca del 80 por ciento porque se mantenga la pena.

Se da por hecho que es un asunto que va a ser debatido en la contienda electoral, especialmente por los partidarios de mantenerla. Los contrarios a dicha pena insisten como argumento principal que no se puede legislar en caliente, sobre todo por la conmoción que produce en la sociedad crímenes como el de Laura Luelmo, pero no es menos cierto que el legislador, desde el Código de Hammburi va detrás de los hechos, o dicho de otro modo, que la mente del delincuente es más fecunda, y que la sociedad marcha detrás tipificando las conductas que la perjudican. @mundiario