Reducción de la jornada laboral: el Gobierno encara una derrota anunciada por las derechas

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las principales promesas de Yolanda Díaz y bandera de Sumar en esta legislatura, afronta este miércoles un futuro incierto en el Congreso. La iniciativa será previsiblemente tumbada en la votación de totalidad, con el rechazo conjunto de PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta para frenar su tramitación.

Pese a este revés anticipado en el inicio del nuevo ciclo político, el Gobierno ha decidido no retirar la propuesta y convertir la sesión en una suerte de plebiscito político: que cada partido “se retrate” y explique a los trabajadores su voto.

En otras ocasiones, el Ejecutivo ha optado por retirar leyes sin apoyo suficiente para evitar derrotas simbólicas. Esta vez, sin embargo, PSOE y Sumar han cerrado filas para mantener la votación y trasladar el coste político a la oposición. La vicepresidenta Díaz lo resumió con una frase de calado: “hay derrotas que se ganan en la calle”. El objetivo de la coalición es transformar la derrota parlamentaria en un debate social, señalando a quienes se oponen a la reducción de jornada como responsables de frenar avances laborales.

El Gobierno pretende así reforzar la narrativa de que no es la falta de cohesión interna, sino la resistencia de la derecha y sus aliados puntuales, lo que impide aprobar reformas de calado. “Llega el momento de que cada partido se retrate”, insistió la portavoz Pilar Alegría, subrayando que la norma afectaría a 12 millones de trabajadores.

“Estamos trabajando para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Si no sale adelante, no es un punto final, es un punto y seguido. Esto es un proceso. Ya aprobamos con dificultades la reforma laboral, que ha logrado que uno de cada dos contratos sea indefinido. Los avances sociales nunca han sido fáciles. Nunca hemos contado con el apoyo del PP. Que cada grupo se retrate. Los trabajadores saben que este Gobierno está de su lado”, afirmó la también ministra de Educación y secretaria general del PSOE en Aragón.

La estrategia de Moncloa: del Congreso a la opinión pública

Consciente de que no cuenta con los votos, el Ejecutivo busca trasladar el debate fuera del hemiciclo. Fuentes gubernamentales defienden que “cuando una norma está a favor de la gente, no hay viento que la pare”, y que tarde o temprano la reducción de jornada saldrá adelante.

Este enfoque persigue dos objetivos. Por un lado, evitar que la caída de la norma erosione al Gobierno y, en particular, a Díaz, que ha liderado las negociaciones y defendido la propuesta como eje de su proyecto político. Por otro, desgastar a PP, Vox y Junts, presentándolos como partidos contrarios a los derechos laborales y a la conciliación.

Los populares han redoblado sus ataques, acusando al Gobierno de abrir el curso político con una ley “sin respaldo parlamentario”. La vicesecretaria Cuca Gamarra ha ido más allá, reclamando que un Ejecutivo “serio” debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones en lugar de insistir en reformas sin mayoría durante una entrevista en Telecinco.

Aunque los populares no han entrado al fondo del debate sobre las 37,5 horas, sí han puesto el acento en la ausencia de consenso con la patronal. “Cualquier medida de este ámbito tiene que ser consensuada en el diálogo social, hablando con sindicatos, patronales y con los empleados”, reiteró la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, defendiendo que la reducción de jornada solo tendría recorrido con un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

Una votación que marca el tono de la legislatura

La tramitación de la ley también ha dejado cicatrices en el seno del Ejecutivo. El proyecto provocó un duro enfrentamiento entre Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Consejo de Ministros, hasta el punto de que la vicepresidenta llegó a descalificarlo en privado como “mala persona”. Los socialistas, más partidarios de esperar a un acuerdo con la patronal, se han distanciado de la estrategia acelerada de Díaz, desentendiéndose del resultado parlamentario.

Moncloa asume que se trata de un golpe político, pero trata de minimizarlo. La tesis oficial es que, si la propuesta cae, será solo “un punto y seguido”. Se buscarán nuevas vías para volver a llevar la iniciativa a la Cámara, confiando en que las encuestas, favorables a una reducción de la jornada, sigan marcando la agenda.

La sesión de este miércoles en el Congreso va más allá de una simple derrota legislativa. Marca el tono de un curso político en el que el Gobierno deberá gestionar una aritmética parlamentaria complicada y, al mismo tiempo, mantener la iniciativa social. El intento de transformar el fracaso en un relato de responsabilidad compartida refleja la estrategia de un Ejecutivo que sabe que los grandes avances no llegarán sin choques con la oposición… y también sin tensiones dentro de la propia coalición.

En última instancia, la batalla por la reducción de la jornada laboral será tanto parlamentaria como social. El desenlace de hoy mostrará hasta qué punto el Gobierno logra convertir un revés en una narrativa de resistencia, y si la oposición consigue que cale la idea de que el Ejecutivo ha perdido la capacidad de sacar adelante sus propias prioridades. @mundiario