El rapero Pablo Hasél tiene cuatro condenas y otra investigación abierta
La libertad de expresión en España continúa en tela de juicio. La monarquía española no quiere disidentes, o al menos no está dispuesta a resignarse con la presión social que provoca la influencia del activismo contra la Corona. Pero controlar esos focos de disidencia y de oposición, no política, sino social, le está saliendo muy caro al Reino en términos de aceptación, cuyos índices de aprobación han mermado y cada vez el clamor de la mayoría de la población es el de una transición hacia la República. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, por ahora. Uno de los exponentes de ese clamor es un rapero.
Y es que la condena a nueve meses y un día que el Tribunal Supremo impuso en mayo de 2020 contra el rapero Pablo Rivadulla Duro, conocido musicalmente como Pablo Hasél por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona, han levantado nuevas fricciones entre la sociedad y el poder, lo cual amenaza con crear un clima de inestabilidad civil que derive en ingobernabilidad para el Gobierno y para la jefatura de Estado, dirigida por el rey Felipe VI. Esa sentencia puede llevar a Hasél a prisión en los próximos días, pero no es la única causa judicial que pesa sobre el rapero-poeta. Consiste en un entramado legal que ya se extrapoló al debate político en el Congreso sobre la constitucionalidad de reformar, nada más y nada menos, que el Código Penal español.
Al ser el activismo de Hasél un reflejo cultural de la ideología liberal y pseudo-socialista de la izquierda española, el ala más extremista del socialismo dentro del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, ha decidido elevar el proyecto de reforma a la ley penal en el Congreso para que los delitos de los que el rapero es acusado no conlleven a penas de cárcel. Un cambio que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió cumplir, pero de ahí a la realidad en cuanto a nivel de apoyos dentro del poder legislativo, hay un trecho muy largo.
A esta sentencia que pesa sobre el músico suma otra anterior de 2015, en la que se le impuso una condena de dos años por hechos similares y que, al ser la primera, quedó en suspenso y no lo llevó a ingresar en prisión. El problema radica en que el caso del rapero se ha convertido en una suerte de asunto político que podría derivar en varios beneficios procesales a su favor en caso de una aprobación y ratificación de la reforma al Código Penal, lo cual eximiría todas las penas impuestas sobre el músico activista.
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Pero el prontuario judicial de Hasél no termina ahí. A estas condenas se les añaden otras dos de juzgados con alto grado jurídico de Lleida por otros delitos que están siendo investigados y, por lo tanto, aún no son firmes. Con base en ese historial, la defensa de Hasél la tendrá complicada para demostrar con argumentos que sus afirmaciones anti-monarquía están amparadas en el derecho de la libertad de expresión, pero siendo consciente del límite en el uso de ese derecho sin incurrir en abusos que pudieran generar alteración pública contra la institucionalidad.
Además, el rapero está imputado en “una quinta causa por los sucesos acaecidos en 2018 ante la Subdelegación del Gobierno de esta ciudad catalana tras conocer la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont”, según informó su abogado, Diego Herchhoren, reseña El País. @mundiario
