Puente conjura la oposición del Senado: la cuarta reprobación y exigencia de dimisión

El Senado volvió a convertirse en un escenario de desgaste para el Gobierno con la aprobación de una nueva reprobación a Óscar Puente. Con 151 votos a favor, 103 en contra y siete abstenciones, la Cámara alta censuró por cuarta vez al titular de Transportes en esta legislatura: tres en el hemiciclo y una en el Congreso. El dato político más significativo no fue tanto la reiteración del gesto —habitual en una Cámara donde el PP tiene mayoría— como la confluencia coyuntural de Esquerra Republicana con las derechas para reclamar la dimisión del ministro.

La alianza circunstancial entre PP, Vox, ERC y UPN responde a motivaciones distintas, pero converge en un mismo punto: la crítica a la gestión del sistema ferroviario y, en particular, al colapso recurrente de Rodalies en Cataluña. Para los republicanos se trata de una forma de trasladar al ámbito estatal un malestar que tiene un fuerte impacto territorial y electoral.

El deterioro del servicio ferroviario en Cataluña ha actuado como catalizador del voto de Esquerra. Su senador Joan Josep Queralt calificó la situación de “peor que el tren de la bruja” y acusó al “Gobierno centralista” de incapacidad para gestionar Rodalies, cuestionando el destino de las inversiones anunciadas. En ese marco, ERC decidió alinearse con la exigencia de dimisión, aun a costa de coincidir con el bloque de la derecha.

Junts, por el contrario, desplegó una retórica incluso más severa contra el Ministerio —al que llegó a describir como un símbolo de “incompetencia y dejadez”—, pero evitó votar con PP y Vox. Su abstención refleja una estrategia diferenciada en la que, pese a coincidir en muchas ocasiones tanto en el Congreso como el Senado, por esta vez apostaron por maximizar el reproche político sin aparecer formalmente integrada en un frente común con la derecha estatal.

El PP y la lógica de la reprobación

Para el Partido Popular, la reprobación de Puente se inscribe en una dinámica ya conocida. La mayoría absoluta en el Senado le permite convertir la Cámara alta en un espacio de censura política reiterada al Ejecutivo. En esta ocasión, los populares centraron buena parte de su discurso en el accidente de Adamuz, que consideran consecuencia de un deterioro evitable de la red ferroviaria, y reclamaron un plan de choque integral en infraestructuras, seguridad y atención a los pasajeros.

El PSOE respondió calificando la moción de “alarmista” y acusando al PP de dibujar un escenario catastrofista que no se corresponde con la realidad de una red, sostienen, en proceso de modernización. Los socialistas insistieron en que no existe un colapso generalizado y atribuyeron parte de los problemas actuales a déficits de inversión heredados de anteriores gobiernos populares.

Desde el punto de vista institucional, la reprobación carece de efectos prácticos inmediatos. El propio debate dejó constancia del desgaste del instrumento: las censuras se suceden sin consecuencias ejecutivas. Sin embargo, su valor parlamentario sigue siendo relevante. La cuarta reprobación refuerza la imagen de Puente como uno de los ministros más cuestionados del Ejecutivo y evidencia que el malestar por la gestión del transporte trasciende el eje clásico Gobierno-oposición.

Un frente crítico heterogéneo

El apoyo de ERC introduce un matiz de mayor calado. Muestra hasta qué punto la cuestión territorial —y en particular la situación de Rodalies— puede alterar alianzas habituales y tensionar la relación de los socios parlamentarios con el Ejecutivo. Al mismo tiempo, revela las dificultades del Gobierno para contener el desgaste cuando los problemas de gestión afectan de manera directa a territorios clave.

El frente que se formó en el Senado es heterogéneo y difícilmente trasladable a otros ámbitos. Vox utilizó el debate para exigir responsabilidades políticas inmediatas; el PP para reforzar su estrategia de oposición frontal; ERC para visibilizar el conflicto catalán; y Junts para marcar perfil propio sin cruzar determinadas líneas. Esa diversidad limita el alcance político de la votación, pero no neutraliza su impacto.