El PSOE suspende de su militancia al líder del partido en Torremolinos, acusado de acoso sexual
La crisis que atraviesa el PSOE en Torremolinos no es un episodio más de tensión orgánica ni un choque interno propio de la vida partidaria. Es un escándalo que toca el nervio más sensible de cualquier organización política: la gestión de la violencia contra las mujeres cuando quien está acusado es uno de los suyos. La suspensión de militancia de Antonio Navarro —secretario general del PSOE en el municipio malagueño y también diputado provincial— marca un giro abrupto y tardío en un caso que la dirección conocía desde junio y que solo ha activado su respuesta más contundente cuando la denuncia se hizo pública.
Durante meses, el partido mantuvo la investigación en un plano interno, entre audiencias discretas y valoraciones preliminares. Pero el pasado 10 de noviembre la víctima, militante socialista, acudió a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. Ahí arrancó un procedimiento formal que ya no admitía medias tintas. Y con la apertura de diligencias, la dirección federal, en un movimiento sin margen para la ambigüedad, decidió este jueves suspender de forma cautelar la militancia de Navarro y abrirle un expediente disciplinario por presunta “mala conducta cívica o ética”.
Las comunicaciones desveladas —mensajes insistentes, comentarios de contenido sexual y conductas supuestamente intimidatorias— han provocado una tormenta en la que el PSOE trata ahora de mostrar firmeza, aunque asuma públicamente que su reacción debió ser más rápida. “Algo tan humillante como las cuestiones que se han conocido requieren de una mayor celeridad”, admitió la vicepresidenta primera y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en un gesto inusual de autocrítica interna.
La denuncia no solo apunta a un lenguaje improcedente y degradante. Recoge también un episodio físico en el que Navarro habría tocado el trasero de la denunciante sin su consentimiento, gesto que ella rechazó de inmediato. A partir de ahí, según su relato, llegaron horas de mensajes, peticiones de disculpa y nuevas insinuaciones en conversaciones profesionales y también fuera de horario laboral. Una espiral que, para la mujer, encaja de lleno en un “ambiente humillante, intimidatorio y hostil”.
Un caso que revela grietas internas
Más allá del impacto mediático, el expediente abierto expone las dificultades del PSOE para articular respuestas rápidas en casos sensibles. La Ejecutiva federal conocía los hechos desde junio. Hubo reuniones, una comisión específica y testimonios. Pero ninguna medida firme hasta que la Fiscalía decidió actuar. La secuencia ha dejado a la dirección en una posición incómoda que ahora intenta revertir con una suspensión inmediata y la promesa de revisar sus protocolos.
La resolución de la Comisión Ejecutiva cita dos artículos del Estatuto Federal que contemplan faltas graves y muy graves por conductas éticas impropias. Aunque la suspensión no implica expulsión, sí supone la pérdida temporal del cargo de secretario general en Torremolinos, una plaza clave para el PSOE en Málaga. Sin embargo, Navarro mantiene por ahora sus puestos institucionales como concejal y diputado provincial, un elemento que no deja de generar ruido político y presión mediática.
Un ambiente degradante, según la denunciante
El testimonio de la víctima, detallado en un documento interno que posteriormente llevó a Fiscalía, describe un patrón sostenido de mensajes de contenido sexual: “No me esquives, que te quiero meter ficha”, “Es que estás muy buena”, “¿Ese escote lo has tenido siempre?” o “Te ponía ahora de vuelta y media”. Comentarios enviados, según denuncia, tanto en el contexto laboral como en horarios nocturnos. La militante asegura que el desgaste psicológico y la presión fueron “insoportables”.
En Málaga, el secretario general provincial, Josele Aguilar, fue rotundo: “El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio seguro para todas las mujeres”. Horas después, Montero reforzó el mensaje y añadió algo más: una autocrítica sobre los tiempos del partido. “Tenemos que mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles”, admitió. Un reconocimiento que evidencia el nerviosismo que el caso ha generado en el partido.
El desenlace judicial aún está abierto: la Fiscalía recaba información para decidir si formula cargos o archiva el caso. Pero la dimensión política ya está trazada. El PSOE ha lanzado un mensaje hacia fuera —tolerancia cero—, pero también hacia dentro: a partir de ahora, la lentitud ante denuncias de acoso no será aceptable. @mundiario
