PSOE y Sumar sellan un acuerdo histórico para blindar el derecho al aborto en la Constitución
El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado este martes un pacto político de gran calado: PSOE y Sumar han consensuado la redacción definitiva para introducir el derecho al aborto en la Constitución española. La reforma, que se incorporará como un nuevo apartado en el artículo 43 —el dedicado al derecho a la protección de la salud—, busca otorgar rango constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo, elevando así su protección jurídica al máximo nivel.
El texto acordado establece: “El ejercicio de este derecho será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. Con esta formulación, el Ejecutivo pretende asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo no pueda ser revertida por futuros gobiernos o mayorías parlamentarias, blindando su acceso en el sistema sanitario público.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó durante la presentación que la iniciativa “marca un antes y un después en la historia democrática del país”, al reconocer por primera vez “la libertad de las mujeres sobre su cuerpo y su proyecto de vida” en el texto constitucional. En la misma línea, la titular de Sanidad, Mónica García, subrayó la necesidad de proteger este derecho frente a los intentos de retroceso: “Estamos viendo cómo en algunas comunidades se intentan limitar derechos que ya creíamos consolidados. Esta reforma es un escudo frente a esa deriva”.
El acuerdo llega tras semanas de intensas negociaciones entre los socios del Gobierno, que se prolongaron hasta la madrugada del martes. Pese a que ambas formaciones compartían el objetivo de garantizar el derecho al aborto, discrepaban en la redacción. Finalmente, la fórmula adoptada combina la propuesta inicial de Sumar —que abogaba por una mención expresa a la autonomía física de las mujeres— con el planteamiento socialista, más centrado en la igualdad y la garantía pública de la prestación.
Desde Sumar, la portavoz parlamentaria Verónica Barbero celebró el avance, aunque dejó la puerta abierta a seguir negociando en el Congreso: “El texto cumple con las expectativas sociales, pero aspiramos a reforzarlo aún más en su tramitación parlamentaria”.
El Ejecutivo es consciente, sin embargo, de que la reforma tiene pocas posibilidades de salir adelante, ya que requiere el apoyo de tres quintos de la Cámara Baja. El Partido Popular ha reiterado su voto en contra, mientras que Vox se opone frontalmente a cualquier modificación constitucional que reconozca el derecho al aborto. Aun así, en La Moncloa consideran fundamental “retratar” la posición del PP en un tema sensible para la opinión pública y marcar distancia con las políticas de los gobiernos autonómicos conservadores.
En paralelo al anuncio del acuerdo, Sánchez confirmó que el Gobierno exigirá a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley y establezca un registro de objetores de conciencia, medida que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha rechazado. “Ayuso no está por encima de la ley ni de las mujeres”, advirtió la ministra Mónica García, quien instó al Ejecutivo regional a garantizar el acceso efectivo al aborto en la sanidad pública.
El paso dado por el Gobierno español se inspira en el precedente francés, que este mismo año incorporó la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución. Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende enviar un mensaje político claro en un contexto internacional marcado por el avance de movimientos ultraconservadores que buscan restringir derechos reproductivos.
Aunque el camino legislativo será complejo, el acuerdo entre PSOE y Sumar representa un hito simbólico en la defensa de los derechos de las mujeres en España. La propuesta será ahora remitida al Consejo de Estado para su análisis antes de iniciar el proceso parlamentario. @mundiario
