El registro del aborto y la enésima batalla entre Ayuso y Sánchez
Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a convertir un asunto institucional en una contienda personal. Esta vez, su enfrentamiento con el Gobierno central por el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto ha escalado con declaraciones cargadas de dramatismo. La presidenta madrileña ha acusado a Pedro Sánchez de dirigirse a ella “en tono machito” y ha relatado haber perdido dos bebés, como argumento para afirmar que “sabe de abortos”. Sin embargo, el fondo del debate no es una cuestión de biografía personal, sino de cumplimiento de la ley y de derechos sanitarios.
El registro que exige la ley de salud sexual y reproductiva de 2023 no busca señalar a nadie. No es una “lista negra” ni un mecanismo de control ideológico, sino una herramienta técnica para garantizar que las mujeres puedan ejercer un derecho reconocido en todo el territorio sin encontrar obstáculos. En la práctica, se trata de saber cuántos profesionales se acogen a la objeción de conciencia para poder organizar los servicios médicos de manera equitativa. De hecho, la Comunidad de Madrid ya dispone de un registro similar en materia de eutanasia, que funciona sin controversias.
El uso político de la moral y el cuerpo femenino
El discurso de Ayuso entronca con una vieja tradición política: convertir la moral personal en argumento de gestión pública. Su cambio de posición a lo largo de los años —pasando de defender el derecho al aborto a considerarlo un “fracaso social”— ilustra cómo el debate sobre la libertad individual puede manipularse según las necesidades del momento. En el fondo, el cuerpo de las mujeres vuelve a ser un campo de batalla simbólico donde se dirime la identidad de los partidos más que la salud de las ciudadanas.
No es casual que esta polémica resurja tras la propuesta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid sobre el inexistente “síndrome posaborto”. Ni que el tema sirva para cohesionar a la derecha madrileña ante un Gobierno central al que acusan de imponer sus valores. Pero hablar de imposición mientras se incumple una ley aprobada por el Parlamento es una contradicción que erosiona el principio básico del Estado de derecho: las normas se acatan, no se eligen.
Entre la libertad y la responsabilidad pública
La libertad, esa palabra tan usada y tan maltratada, no puede entenderse sin responsabilidad. Cumplir la ley del aborto no es una cuestión de ideología, sino de garantizar igualdad y acceso a la sanidad pública. Las mujeres no necesitan tutelas, sino certezas: saber que, vivan donde vivan, tendrán el mismo derecho y las mismas condiciones. No se trata de obligar a nadie a actuar contra su conciencia, sino de asegurar que la objeción de unos pocos no limite los derechos de todas.
Ayuso podría haber convertido este registro en un ejemplo de gestión moderna, conciliando convicciones personales con garantías institucionales. En lugar de eso, ha optado por la confrontación y la victimización. Madrid no necesita mártires políticos, sino líderes capaces de entender que la libertad no se declama, se administra. Y en esa tarea, cumplir la ley es el punto de partida, no el final del camino. @mundiario
