El PSOE y Sumar ante la vivienda: el debate sobre congelar o no 300.000 alquileres
La vivienda se ha convertido nuevamente en el epicentro de la tensión dentro del Gobierno de coalición. Lo que podría parecer una disputa más entre el PSOE y Sumar se ha transformado en una batalla política de fondo: cómo afrontar la renovación de 300.000 contratos de alquiler en los próximos meses sin agravar la crisis habitacional que atraviesa España.
Para la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), la situación es crítica. “La crisis de la vivienda se lleva por el sumidero toda la política social del Gobierno progresista”, ha advertido, resumiendo un diagnóstico que comparten buena parte de las formaciones de izquierda europeas: las subidas del salario mínimo, las becas y el empleo quedan eclipsadas por el aumento desorbitado del precio de compra y alquiler.
El foco del conflicto: 300.000 alquileres al borde de la renovación
En las comunidades que aplican la Ley de Vivienda —Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y pronto Asturias—, la normativa impide subidas abusivas y garantiza cierta estabilidad. Sin embargo, en territorios gobernados por el PP, como Madrid o Andalucía, donde no se han declarado zonas tensionadas, los contratos que ahora vencen podrían experimentar aumentos del 30% o incluso del 50%.
Sumar propone una medida de urgencia: congelar los precios durante tres años mediante un decreto, una fórmula similar a la adoptada durante la pandemia. El PSOE, en cambio, alerta de que esta medida podría invadir competencias autonómicas y ser declarada inconstitucional. Pese a las diferencias, ambos partidos coinciden en que es necesario evitar una nueva ola de desahucios y proteger a las familias afectadas.
Dos estrategias distintas frente a un mismo problema
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), ha defendido una respuesta “responsable y coordinada”, que presione a las comunidades del PP para que apliquen la ley en lugar de abrir una nueva batalla jurídica. Desde Ferraz sostienen que la inversión en vivienda se ha multiplicado por ocho y que el plan de 7.000 millones de euros impulsado por el Gobierno acabará beneficiando incluso a las autonomías críticas, que necesitarán esos fondos para sus promotores inmobiliarios.
Sumar, por su parte, apuesta por una vía más confrontativa: impulsar nuevas herramientas fiscales y jurídicas que frenen el aumento de precios y obliguen a los grandes propietarios a ajustar las rentas. Según fuentes de la formación, el PSOE tiende a rechazar inicialmente sus propuestas, pero luego las asume como propias, una dinámica que ya se ha repetido en debates anteriores dentro de la coalición.
Una cuestión política y generacional
Más allá de las tensiones internas, el diagnóstico es compartido: el mercado inmobiliario se ha demostrado “ineficaz” y “socialmente corrosivo”. El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal obstáculo para la movilidad social y ha abierto una brecha generacional. Mientras los propietarios acumulan capital, los jóvenes destinan buena parte de su salario a alquileres inasumibles o se ven forzados a abandonar las grandes ciudades.
“En Cataluña, la gente vive tranquila porque sabe que su alquiler no se disparará. En Madrid, en cambio, cada renovación se convierte en una pesadilla”, comparó Rodríguez en el Senado.
La vivienda, eje central del debate político
En La Moncloa son conscientes de que el éxito o el fracaso de la política de vivienda será determinante en la próxima campaña autonómica. El PSOE quiere exhibir resultados concretos de la ley y de los fondos europeos; Sumar, en cambio, busca diferenciarse con una defensa más contundente del control público sobre el mercado.
Ambas estrategias convergen en un punto: sin una intervención profunda, el problema habitacional seguirá minando la credibilidad del bloque progresista. La discusión seguirá abierta, pero dentro y fuera del Gobierno ya nadie duda de que la vivienda se ha convertido en el termómetro político y social de esta legislatura. @mundiario
