El PSOE encara una nueva derrota por la división de sus socios y ve peligrar su relación con Junts
La legislatura de Pedro Sánchez vuelve a tambalearse por la misma piedra: la fragilidad del bloque de investidura. Este martes, el Congreso vota la proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts para transferir competencias en materia de inmigración a Cataluña. Sin embargo, la iniciativa está condenada al fracaso por la negativa de Podemos, que considera el texto “racista”, y por el rechazo de PP, Vox y UPN.
Los socialistas se aferran a la posibilidad remota de un error en el recuento de votos —como el célebre caso de Alberto Casero en 2022 que salvó la reforma laboral—, pero reconocen en privado que se trata de un escenario improbable. Todo apunta a que la propuesta será rechazada, lo que supondrá un nuevo golpe político para el Ejecutivo y tensará aún más las relaciones con Junts, socio clave para la gobernabilidad.
“Cumplimos con nuestros acuerdos y sudamos la camiseta con todos los grupos”, defendió la portavoz socialista Montse Mínguez en rueda de prensa. Sin embargo, esta apelación a la responsabilidad contrasta con la fractura del bloque progresista. Podemos ya ha dejado claro que no apoyará un texto que, en su opinión, legitima el “racismo institucional”.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, reiteró que la proposición plantea “barbaridades racistas” en su preámbulo, como vincular la inmigración con riesgos para la cohesión social. Una línea roja que el partido de Ione Belarra se niega a traspasar.
La posición morada se suma a la de PP, Vox y UPN, lo que asegura 175 votos en contra, suficientes para tumbar la iniciativa. Incluso dentro de Sumar emergen grietas: Compromís se inclina por rechazarla y en Izquierda Unida persiste el debate interno sobre qué posición adoptar.
Junts advierte de las consecuencias
El rechazo a la cesión de competencias no solo afecta al expediente legislativo, sino que amenaza con erosionar la relación entre socialistas y posconvergentes. El secretario general de Junts, Jordi Turull, advirtió d que perder esta votación por culpa de Podemos “no ayudará” al diálogo con el PSOE. Para la formación de Carles Puigdemont, el traspaso en materia migratoria es un símbolo de autogobierno y un gesto de reconocimiento político, también necesaria para rivalizar con el auge meteórico de Aliança Catalana.
En este sentido, la derrota parlamentaria puede convertirse en un obstáculo para futuras negociaciones y restar incentivos a Junts a la hora de sostener al Ejecutivo en votaciones decisivas, como los próximos Presupuestos Generales del Estado.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió que el acuerdo con Junts se alcanzó “con total transparencia” y dentro del marco constitucional. A su juicio, que una comunidad autónoma asuma responsabilidades en un ámbito tan complejo como la inmigración es positivo y refuerza la corresponsabilidad institucional.
Desde Ferraz y La Moncloa, sin embargo, ya se admite que el texto caerá en el Congreso. La estrategia socialista pasa por rebajar la trascendencia del fracaso, insistiendo en que “cada semana parece que se acaba la legislatura y llevamos siete años gobernando”. En paralelo, el Ejecutivo no aclara si algunas medidas podrían recuperarse vía decreto para compensar a Junts.
Una norma polémica en su alcance competencial
El proyecto preveía que los Mossos d’Esquadra asumieran la seguridad en puertos y aeropuertos en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional, y que la Generalitat pudiera gestionar devoluciones de inmigrantes y expedir documentos de identidad a extranjeros a partir del NIE estatal. Medidas que, para el Gobierno, representaban un avance en descentralización, pero que para Podemos suponían legitimar prácticas asociadas al control migratorio que consideran discriminatorias.
La votación de este martes no solo refleja un revés concreto, sino una dinámica recurrente: la dificultad del PSOE para mantener cohesionado a un bloque de investidura plural y heterogéneo. Cada derrota alimenta la narrativa de fragilidad y otorga a sus socios mayor poder de presión.
Si la iniciativa decae, el Ejecutivo no solo asumirá un desgaste en su imagen de negociador fiable, sino que deberá recomponer urgentemente puentes con Junts, cuya colaboración resulta esencial para la estabilidad parlamentaria. @mundiario





