PP y Vox vinculan el “terrorismo” con la regularización masiva de inmigrantes
La política migratoria ha cruzado una nueva línea roja en el Parlamento español. La aprobación de una ponencia impulsada por el Partido Popular y respaldada por Vox ha introducido de lleno el concepto de “terrorismo” en el debate sobre la regularización masiva de inmigrantes que prepara el Gobierno. No se trata solo de una disputa legislativa: es un giro discursivo que redefine el marco político y emocional desde el que se aborda la inmigración en España.
De acuerdo con EL PAÍS, el movimiento llega en un momento especialmente sensible. La escalada de tensiones en Oriente Medio y el aumento de la alerta antiterrorista en Europa sirven de telón de fondo a una narrativa que vincula seguridad nacional con políticas de acogida. Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien, días antes en Bruselas, marcó la línea argumental: la regularización masiva no solo sería “irresponsable”, sino potencialmente peligrosa.
Con esa premisa, PP y Vox han utilizado su mayoría en la comisión mixta de Seguridad Nacional para aprobar una ponencia que insta a analizar el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El texto, sin embargo, va más allá del análisis técnico: introduce una conexión explícita —aunque discutida— entre inmigración irregular y riesgos terroristas.
El debate no ha sido técnico ni frío. Ha sido político, ideológico y profundamente emocional. Las intervenciones de los representantes conservadores y de extrema derecha han dibujado un escenario en el que España podría convertirse en una “puerta de entrada” para delincuentes y potenciales terroristas en Europa. Una advertencia que, más que apoyarse en datos concretos del contexto español, se sostiene en riesgos hipotéticos y referencias generales a informes europeos. Mientras tanto, el Gobierno defiende que la regularización —que podría afectar a más de medio millón de personas— busca reconocer derechos, reducir la economía sumergida y ordenar una realidad ya existente: la de miles de migrantes que viven y trabajan en España sin papeles.
Seguridad vs. derechos: el choque de marcos
La clave del enfrentamiento no está solo en la medida, sino en el relato. Para el PP y Vox, la regularización actúa como un “efecto llamada” que podría debilitar los controles fronterizos y generar inseguridad. Para la izquierda parlamentaria, en cambio, vincular inmigración con terrorismo supone cruzar una frontera peligrosa que alimenta el miedo y la estigmatización.
Las palabras del diputado popular Rafael Hernando reflejan esa lógica de alerta: la posibilidad de que “cualquier delincuente o terrorista” pueda aprovechar el proceso. Una afirmación que fue rápidamente contestada por PSOE, ERC y EH Bildu, que denunciaron una deriva hacia discursos propios de la ultraderecha.
En ese cruce de acusaciones, la discusión abandona el terreno de los hechos verificables y entra en el de las percepciones. ¿Es la regularización un riesgo para la seguridad o una herramienta para fortalecerla? La respuesta depende, cada vez más, del prisma ideológico desde el que se mire.
El factor europeo y la presión política
El debate tampoco puede entenderse sin el contexto europeo. Las referencias a la Estrategia Nacional contra el Terrorismo y a las conexiones entre redes de tráfico de personas y yihadismo —mencionadas por el PP— apuntan a una preocupación compartida en la UE. Sin embargo, los expertos suelen matizar que estos vínculos son puntuales y no representan a la mayoría de los flujos migratorios.
A nivel interno, la iniciativa se enmarca en las negociaciones entre PP y Vox en distintos territorios, donde el endurecimiento de la política migratoria se ha convertido en moneda de cambio. La ponencia aprobada en el Congreso actúa así como un mensaje político tanto hacia dentro como hacia fuera: endurecer el discurso es también una forma de consolidar alianzas.
Ahora bien, introducir el terrorismo en el debate migratorio no solo eleva la tensión política, sino que condiciona la percepción social de los migrantes. El riesgo, advierten desde la izquierda, es que se normalice una asociación que no se corresponde con la realidad y que puede alimentar el rechazo y la desconfianza.
Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta el desafío de explicar su política en un contexto adverso, donde cada decisión puede ser reinterpretada en clave de seguridad. La regularización, concebida como una medida administrativa y social, se ha convertido en un campo de batalla simbólico. @mundiario
