El Gobierno restaura el acceso universal a la sanidad pública y gratuita
Durante años, la sanidad pública española ha sido uno de los pilares del Estado del bienestar y también un símbolo político. Pero ese modelo universal sufrió una fractura en 2012 y, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez prometió restaurarlo al llegar al poder en 2018, la realidad administrativa dejó durante años a miles de personas en una especie de limbo sanitario. Ahora, el Ejecutivo pretende cerrar definitivamente esa grieta: España vuelve a garantizar el acceso universal a la sanidad pública gratuita, incluso para quienes viven en el país en situación irregular.
El Consejo de Ministros tiene previsto subsanar definitivamente hoy este déficit con un real decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde se indica que cualquier persona residente en España pueda recibir asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. La norma, impulsada por los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca eliminar el último obstáculo burocrático que todavía impedía que el sistema fuese realmente universal.
En la práctica, el cambio tiene un significado profundo. Durante años, muchas personas migrantes sin papeles se encontraban con una barrera aparentemente pequeña pero decisiva: demostrar que llevaban al menos tres meses viviendo en España. Quienes no podían acreditar ese tiempo —o simplemente no tenían documentos para probarlo— quedaban fuera del sistema sanitario público salvo en casos de urgencia.
Esa exigencia generó situaciones paradójicas. Personas recién llegadas, trabajadores informales o mujeres embarazadas sin documentación adecuada podían quedarse sin seguimiento médico regular. Organizaciones sociales denunciaron durante años que la universalidad proclamada por la ley no se traducía plenamente en la práctica.
Declaración responsable para acceder a la sanidad
La clave de la reforma es un cambio administrativo sencillo pero decisivo: el acceso inicial al sistema se basará en una declaración responsable. La persona solicitante solo tendrá que manifestar que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía, que no puede exportar ese derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado a pagar su asistencia.
Con esa declaración, recibirá un documento provisional que le permitirá acceder a la atención sanitaria pública en cualquier comunidad autónoma. Mientras tanto, la administración verificará la información y resolverá el expediente.
El procedimiento establece un plazo máximo de tres meses para que las autoridades sanitarias emitan una resolución definitiva. Si la respuesta es positiva, la persona recibirá una tarjeta sanitaria sin fecha de caducidad. Si la solicitud se deniega, los servicios médicos prestados hasta ese momento no se facturarán. Incluso el silencio administrativo contará como aprobación.
Más vías para demostrar la residencia
Aunque el empadronamiento seguirá siendo el documento preferente para acreditar residencia, el decreto amplía considerablemente las pruebas aceptadas.
A partir de ahora también serán válidos documentos como certificados de escolarización, informes de servicios sociales, registros de visitas médicas, facturas de suministros básicos —luz, gas, agua, internet o teléfono— o incluso documentación consular.
Esta flexibilidad responde a una realidad evidente: muchas personas en situación irregular viven en condiciones administrativas precarias y no siempre pueden cumplir los requisitos burocráticos tradicionales.
Colectivos vulnerables con acceso garantizado
El decreto también refuerza la protección de varios colectivos especialmente vulnerables. En estos casos, ni siquiera será necesario acreditar residencia.
Entre ellos se encuentran los menores de edad, las mujeres embarazadas —con derecho a atención durante el embarazo, el parto y el posparto—, las víctimas de violencia de género, las víctimas de trata o de violencia sexual y los solicitantes de protección internacional.
También tendrán cobertura inmediata las personas afectadas por enfermedades de declaración obligatoria o quienes soliciten la interrupción voluntaria del embarazo.
Más cobertura para españoles que viven en el extranjero
La norma introduce además otra novedad relevante: amplía la cobertura sanitaria para españoles que residen fuera del país.
Hasta ahora, este derecho estaba limitado fundamentalmente a pensionistas o trabajadores. Con la nueva regulación se extenderá a todos los españoles de origen y a sus familiares directos cuando visiten España, siempre que no dispongan de cobertura sanitaria a través de convenios internacionales.
Más allá de la técnica jurídica, la medida tiene una dimensión política y social evidente. El sistema sanitario español vuelve a reivindicar una idea que durante décadas formó parte de su identidad: la salud como derecho ligado a la persona, no a su situación administrativa.
Con este decreto, el Gobierno pretende cerrar definitivamente el capítulo abierto en 2012 y reafirmar uno de los principios más reconocibles del modelo sanitario español. En un país donde la sanidad pública sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía, la universalidad vuelve a colocarse en el centro del sistema. @mundiario
