El PP engrasa su maquinaria jurídica: Moncloa al Constitucional por el retraso en los Presupuestos
El Partido Popular prepara una nueva ofensiva jurídica contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Génova sopesa activar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, a través del Senado, si el Gobierno no presenta en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado.
La estrategia, que se apoya en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, busca trasladar la presión política al terreno judicial en un momento en el que el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios para aprobar la senda de déficit y su futuro presupuestario está en entredicho.
El núcleo de la estrategia popular es sencillo: el Gobierno tenía de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar las cuentas, según establece el artículo 134.3 de la Constitución. Aunque no es la primera vez que se incumplen los tiempos, el PP advierte de que podría convertirse en la primera legislatura sin que se presenten Presupuestos. Esa anomalía, a juicio de Alberto Núñez Feijóo, supone un “vaciamiento” de las funciones del Parlamento, que pierde la posibilidad de debatir y votar las cuentas.
Con mayoría absoluta en el Senado, los populares disponen de la herramienta jurídica para iniciar el procedimiento. La Cámara Alta podría aprobar una iniciativa que inste al Gobierno a corregir la omisión en un plazo de 30 días. Si no lo hiciera, el asunto pasaría al Tribunal Constitucional. Se trataría, de concretarse, del noveno conflicto de atribuciones impulsado por el PP en esta legislatura.
La Moncloa minimiza la amenaza: “los presentaremos”
Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido que los Presupuestos se presentarán, aunque sin concretar fecha. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que Hacienda ya tiene “el diseño básico de las cuentas” y que se están incorporando medidas que permitan su aprobación parlamentaria. El Gobierno insiste en que la senda de déficit será presentada “en los próximos días”, aunque admite que necesita primero resolver las diferencias con Junts, que mantiene exigencias de máximos.
La Moncloa considera inviable jurídicamente el movimiento del PP y recuerda que los Presupuestos prorrogados son una práctica habitual tanto en España como en las comunidades autónomas, sin que nunca se haya planteado un reproche constitucional.
Feijóo redobla la presión política
Más allá del aspecto jurídico, la jugada del PP se enmarca en la estrategia de Feijóo de situar al Gobierno contra las cuerdas. El líder de la oposición acusa a Sánchez de ser incapaz de garantizar la estabilidad política y económica, al no haber aprobado ninguna cuenta nueva en lo que va de legislatura. En su opinión, un Ejecutivo que se acerca a la tercera prórroga presupuestaria, cuyo proyecto data de la legislatura pasada y que fue aprobado por otro Parlamento, habría “agotado su mandato”.
Feijóo ha prometido que, en caso de llegar a la Moncloa, impulsará una reforma legal —incluso constitucional si fuera necesario— para que se convoquen elecciones generales cuando un Gobierno no consiga aprobar Presupuestos durante dos ejercicios consecutivos. Una medida que integraría en su anunciado Plan de Regeneración Institucional, en manos de la vicesecretaria del ramo, Cuca Gamarra.
Sin embargo, la ofensiva no está exenta de recelos internos. Algunos dirigentes populares temen que un fallo adverso del Constitucional, actualmente de mayoría progresista y presidido por Cándido Conde-Pumpido, dé oxígeno al Gobierno. De ahí que en Génova se barajen distintas vías, incluido llevar el conflicto a través del Congreso, aunque en la Cámara Baja la mayoría no acompaña al PP.
En paralelo, el partido ha activado otra vía de presión: un nuevo conflicto de atribuciones contra el Congreso por “bloquear” iniciativas del Senado. Feijóo acusa a la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, de mantener congeladas 31 leyes, 17 de ellas con posibilidades de prosperar si se sometieran a votación. @mundiario
