Feijóo acude al Constitucional para romper el bloqueo del Congreso a 31 leyes del Senado
La tensión institucional entre Congreso y Senado ha alcanzado un nuevo nivel con el anuncio de Alberto Núñez Feijóo de llevar al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones. El líder del Partido Popular acusa a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de bloquear de manera sistemática las iniciativas aprobadas en la Cámara Alta, donde los populares cuentan con mayoría absoluta.
Según Feijóo, el “congelador” de Armengol ha impedido el avance de 31 proposiciones de ley impulsadas desde el Senado en lo que va de legislatura. “Es una total perversión del sistema, un sinsentido y un fraude de ley”, afirmó durante unas jornadas parlamentarias a puerta cerrada. El dirigente popular insistió en que el bloqueo no solo limita la acción legislativa del Senado, sino que priva a la ciudadanía de medidas que, en algunos casos, podrían contar con respaldo suficiente en el Congreso para ser aprobadas.
Entre las iniciativas paralizadas se encuentra la conocida como ley “antiokupación”, pendiente desde hace más de 60 prórrogas en el periodo de enmiendas. También figuran propuestas para endurecer las penas contra el narcotráfico, facilitar la expulsión de inmigrantes multirreincidentes o evitar que quienes perciben el salario mínimo interprofesional tributen por ello. Para Feijóo, el hecho de que estas iniciativas no se tramiten responde únicamente a una decisión política dictada desde La Moncloa.
El PP ha consultado a expertos constitucionalistas y a su equipo jurídico, dirigido por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, antes de activar el recurso. La estrategia se apoya en la reciente reforma del Reglamento del Senado, que establece un límite máximo de dos meses para la prórroga del plazo de enmiendas en las leyes emanadas de la Cámara Alta. Con esta modificación, los populares buscan dotarse de un respaldo legal sólido para forzar al Congreso a tramitar sus propuestas.
El PP apunta a Armengol
El procedimiento de conflicto de atribuciones, recogido en la Constitución, permite que órganos como el Gobierno, el Congreso, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial recurran al Tribunal Constitucional cuando consideran que otro órgano invade sus competencias. Este será el quinto conflicto de atribuciones que se plantea en la actual legislatura, reflejo del alto grado de polarización política y de la tensión entre las mayorías opuestas de ambas cámaras.
Si el pleno del Senado aprueba la iniciativa, la Cámara Alta requerirá al Gobierno y al Congreso que corrijan la situación en un plazo de 30 días. En caso de negativa, el conflicto será trasladado al Tribunal Constitucional, encargado de dirimir la disputa. Además, Feijóo advirtió que el PP actuará en los tribunales contra la Mesa que preside Armengol por sus “responsabilidades individuales”, aunque sin especificar todavía la vía judicial concreta.
El líder de la oposición enmarcó este choque en una estrategia más amplia de “regeneración institucional”, en la que, asegura, pretende devolver independencia al poder legislativo frente a lo que califica de “instrumentalización” por parte del Ejecutivo. “Se instrumentalizan todas las instituciones para tratar de acabar con la alternancia política”, afirmó el líder de la oposición, en alusión directa a Pedro Sánchez.
Feijóo acusa a Sánchez de “colonizarlo todo”
“¿Por qué se coloniza todo lo que depende del Ejecutivo e incluso se interviene en empresas privadas? ¿Por qué se ataca al poder judicial que merece trabajar con la garantía constitucional de la independencia? ¿Y por qué se pervierte completamente al poder legislativo?”, se preguntó el líder de los populares, para después responder que se debe en parte a “la ambición y el miedo de quién hoy ostenta la presidencia del Gobierno”.
Feijóo también dijo que Ferraz tiene la pretensión de “colonizarlo todo para intentar también que los españoles ignoren que existe una alternativa democrática”, sentenció el jefe del PP.
El enfrentamiento entre Congreso y Senado se suma a otros episodios recientes de fricción institucional, como los recursos previos en torno a la ley de amnistía, la reforma judicial que afectó a condenados por terrorismo o la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La ofensiva del PP abre así un nuevo frente político y jurídico que, más allá de su desenlace, refleja la creciente dificultad para alcanzar consensos en un escenario de bloques enfrentados. @mundiario
