En la nueva ley del aborto, la pelota está en el tejado del Parlamento

No son pocos los que esperan que el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada sea mejorado en su tramitación parlamentaria y aprobado por una mayoría lo más amplia posible.

El 45,24% de los electores que decidieron ejercer su derecho al voto en los últimos comicios generales celebrados en España, en 2011, votaron al Partido Popular. Este apoyo en las urnas se tradujo en una mayoría absoluta en el Congreso de esta fuerza, en cuyo grupo político se integran 186 de los 350 diputados. También, en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, y el posterior nombramiento de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia.

El programa electoral del partido en el gobierno incluía, en el epígrafe titulado “Comprometidos con el bienestar”, el siguiente compromiso: “cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de los menores” (pág. 108).

La ley de 1985

En España, la interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E)  fue despenalizada en el año 1985 por el entonces Gobierno socialista en tres supuestos: i) violación (supuesto criminológico); ii) malformaciones en el feto (supuesto eugenésico) y iii) riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada (supuesto terapéutico).

Los plazos para practicar legalmente el aborto inducido eran: i) de 12 semanas en el supuesto criminológico, y ii) de 22 en el eugenésico; bajo el supuesto terapéutico, el embarazo podía ser interrumpido en cualquier momento.

La regulación de 2010

El segundo Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero apadrinó, en 2010, una nueva regulación de la I.V.E., y bautizó a su ley “de salud sexual y reproductiva” además de “de la interrupción voluntaria del embarazo”. Esta ley despenalizaba el aborto inducido durante las primeras 14 semanas de embarazo, plazo que aumentaba hasta la semana 22 en el caso terapéutico, referido tanto a la mujer embarazada como al feto, y mantenía para el caso eugenésico el amparo legal del aborto inducido durante todo el embarazo.

La reforma socialdemócrata fue apoyada en el Congreso por 184 diputados (los del PSOE, IU, PNV, BNG y ERC, entre otros), con el voto en contra de sus señorías de UPyD, CC y la mayoría de CiU, también entre otros, además de los populares.

El aspecto polémico

El aspecto más polémico de la ley de 2010 fue el tratamiento de las mujeres de 16 y 17 años, quienes bajo la actual regulación no necesitan el consentimiento paterno o materno para la I.V.E., ni están sometidas al deber de informar a al menos uno de sus progenitores sobre su decisión de abortar en casos de desarraigo o previsión de un conflicto grave intrafamiliar que pueda desencadenar una situación de violencia.

Quizás algunas, bastantes o muchas de las personas que votaron en 2011 al Partido Popular y hubiesen leído antes la pág. 108 de su programa electoral, donde dice “cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de los menores”, pensasen que el partido que hoy gobierna en España se comprometía básicamente a revisar estos extremos, que no tenían ni tienen apoyo ciudadano suficiente.

¿Cambio de mucho alcance?

Sin embargo, el anteproyecto de ley “de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes día 20 de diciembre, plantea una reforma de la regulación de la I.V.E. de mucho mayor alcance.

Tiene sentido recordar que la despenalización del aborto inducido está pensada como remedio contra su práctica clandestina en condiciones de inseguridad jurídica y sanitaria, incluso de riesgo para la vida de la mujer embarazada; es en esencia una solución para un problema de salud pública. Incluso, que las sociedades más desarrolladas de nuestro entorno con democracias más avanzadas han optado desde hace décadas por una regulación de la I.V.E. de plazos y no de supuestos (algunas leyes que son de supuestos en teoría lo son de plazos en la práctica) porque: i) tienen bien interiorizados los límites de la intervención de los poderes públicos sobre la esfera privada de cada ciudadano, y ii) nadie duda de la capacidad de la mujer embarazada para tomar en conciencia la decisión menos mala para su futuro hijo y para ella.

El contexto europeo

Hay quien argumenta que los más de 112.000 abortos inducidos practicados en España en 2007, antes de la reforma de 2010, o en 2012, después, son demasiados. A mí, pensando en el sufrimiento de la mujer embarazada que decide voluntariamente interrumpir su embarazo, también me lo parece, aun considerando que la tasa de I.V.E. por 1.000 mujeres en España es inferior a la de otros países europeos con los que nos gusta compararnos cuando hablamos de asuntos económicos por ejemplo.

Pero, si aspiramos a definir este problema como público, debemos estar dispuestos a abordarlo con las políticas públicas más adecuadas, que no son de tipo regulativo, sino mayormente distributivo e incluso redistributivo.

Recursos públicos

Si el ministro Gallardón quiere reducir el número de I.V.E. que se practican en España, debe  convencer a su colega Montoro de las bondades de un aumento suficiente de los recursos públicos destinados a programas de educación sexual y sobre todo a políticas serias de familia, equiparables a los de los países de nuestro entorno, una vez más, con los que nos gusta parangonarnos.

Hoy en España los ingresos públicos son los que son y los compromisos de gasto también; y yo ya he escrito mi austera carta a los Reyes Magos. Malos tiempos para la lírica.