Pedro Sánchez desata una polémica al atribuir al Rey de España valores republicanos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a provocar un debate en las redes sociales, al afirmar en una entrevista con la cadena CNN que “el Rey representa los valores de la II República” "Es bueno –dijo- que empecemos a reivindicar esa España republicana, una España que defendió derechos y libertades que desgraciadamente fueron mancillados por la dictadura franquista, y que luego posteriormente fueron recuperados hace cuarenta años con la Constitución española y con la monarquía parlamentaria que representa el rey Felipe VI en la actualidad.

Afirmar, como hace el doctor Sánchez, que el Rey representa los valores republicanos, como en su día se atribuyeron a su padre, sucesor de Franco a título de Rey, es una ofensa a la memoria de la ejemplaridad ética de los hombres de la República, especialmente expresada en el exilio, donde se trató de conservar la legitimidad del régimen derrotado.

Disuelta la República, los republicanos conservan sus valores.

Ante el pleno de las Cortes, reunido el 23 de julio de 1969, don Juan Carlos había dicho, en efecto: “Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino.”

Estamos de acuerdo, y ya lo dijo antes López Rodó, la legitimidad de la monarquía arranca el 18 de julio; es decir, de un acto de rebelión de una parte del Ejército contra un gobierno legítimamente constituido. O dicho de otro modo, como dice el ex ministro franquista: “La guerra civil fue el primer acto para la restauración de la monarquía” (Ver “La larga marcha hacia la monarquía”. Editorial Noguer)

Legitimidades entrecruzadas

El capítulo de las legitimidades entrecruzadas es uno de los más peculiares de esta monarquía. No deja de ser curioso que Juan Carlos I nunca se ha considerado concernido por las llamadas “Leyes de Familia”, a través de las cuales se trasmite, dentro de la familia, la propia legitimidad. Así lo entendía su padre el Conde de Barcelona, quien el 14 de mayo de 1977, en un acto casi privado, renuncia a los derechos históricos de los que era depositario y se los trasmite a su hijo. Un año antes, en lo que muchos monárquicos consideraron una nueva bofetada a su padre, en plena transición, el 19 de mayo de 1976, se había proclamado a Felipe “Príncipe de Asturias”. Obviamente de la monarquía del 18 de julio, porque don Juan todavía no cediera sus derechos históricos y en consecuencia, y desde  la “legitimidad dinástica”, el Príncipe de Asturias sería el propio Rey Juan Carlos I. Es decir, si el depositario de la legitimidad era el conde de Barcelona (al que ahora se atribuye el numeral de Juan III) como “rey”, Juan Carlos sería el “príncipe de Asturias, cosa que nunca fue, sino de España, por lo tanto, no podía a su vez trasmitir ese título a Felipe. Para mayor lio, el conde de Barcelona había retirado la placa de “príncipe de Asturias” a Juan Carlos, desde que éste aceptó ser sucesor de Franco. En traicionar a su propio padre, los Borbones tienen experiencia. Recuérdese a Fernando VII.

Poder constituyente

En España, en 1978, frente al poder constituyente del pueblo, los pretendidos derechos dinásticos eran, por consiguiente, meros hechos. (Y, sin embargo, tanto el entronque dinástico referido como la sucesión franquista fueron factores políticos muy operativos, pero ése es otro problema.) Ahora bien, instaurada de nuevo (no restaurada) la Monarquía como forma política del Estado español, las Cortes, en pleno uso del poder constituyente que el pueblo les había otorgado, declaran a Don Juan Carlos de Borbón heredero legítimo de aquella dinastía histórica, a la vista de que lo prudente, y lo único políticamente posible, era recurrir a dicha dinastía. Pero nótese la enorme distancia existente entre decir “heredero legítimo de la dinastía histórica”, que es la fórmula que recoge la Constitución, y decir “heredero de la dinastía histórica legítima”, como subraya el constitucionalista Torres del Moral.

Reivindicar para Juan Carlos I la legitimidad republicana parece un atrevimiento difícilmente admisible, precisamente en su dimensión ética, aprovechándose de que el 21 de junio de 1977, la Segunda República dejaba de existir simbólicamente. Y lo mismo ocurre con su hijo.

Cabe citar aquí, por su ejemplaridad histórica, el texto de la “Declaración de la Presidencia y del Gobierno de la República en el exilio”, firmada por don José Maldonado y don Fernando Valera en París el 21 de junio de 1977. Tras recordar las circunstancias del exilio y el modo en que se trató de mantener simbólicamente la legalidad republicana, quebrada por el golpe militar, recordaban que el anhelo de los sucesivos gobiernos de la República que se sucedieron fue devolverle al pueblo español el libre ejercicio de los derechos cívicos, propiciando así el establecimiento en nuestro país de un régimen auténtico de convivencia. Esos anhelos no cesarían hasta que “a los españoles no se nos brindara la ocasión de hacer surgir una nueva legalidad democrática. Hoy se proclama el resultado oficial de las elecciones generales que se han celebrado el día 15 de este mes en nuestro país”.

Los últimos republicanos.

Fin de la misión histórica

Las Instituciones de la República en el exilio pusieron de este modo término a la misión histórica que se habían impuesto, añadiendo que “quienes las han mantenido hasta hoy, se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber”.

Pero en esa declaración se afirma: “Ahora parece claro que va a iniciarse una nueva etapa histórica. En ella no hemos de estar ausentes individualmente, dispuestos a seguir defendiendo nuestros ideales, persuadidos además de que el pleno desarrollo político y económico de nuestro país y con ellos la paz y la convivencia entre los españoles solo serán realizables con la República”.

Conviene recordar que, sustituida legítimamente la forma monárquica por la republicana en 1931, se extinguieron todos los derechos dinásticos a la Corona española y sólo podrían considerarse subsistentes las pretensiones jurídico-privadas a los títulos nobiliarios cuya titularidad ostentaba la familia Borbón. Así, pues, todos los poderes -incluidos los del Rey-, emanan del pueblo soberano y son conferidos por la Constitución, sin que cupiera hablar en 1978 de derechos dinásticos.

Y menos antes y ahora de que la Corona asume y representa los valores republicanos., empezando porque el cargo de jefe del Estado no se hereda, sino que puede ser asumido por cualquier ciudadano, por tiempo limitado, elegido por los ciudadanos. @mundiario