Los defensores de Sánchez niegan a los policias el derecho a discrepar

Notables defensores de Pedro Sánchez y de su Gobierno (que, por cierto, el socialista Rubalcaba calificara de “Gobierno Frankenstein”, cuando sugirieron formarlo con los apoyos que lo sustentan) han cuestionado el derecho de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de manifestarse contra las reformas de la llamada “Ley Mordaza”, calificándolos de “masa gregaria”, como si estos ciudadanos no tuvieran el mismo derecho que se invoca para otros de salir a la calle a exponer sus puntos de vista, esta vez, por cierto, cumpliendo todos los trámites que, al respecto, impone la legislación, de momento vigente.

En ese orden de desposeer de su derecho a manifestarse o de las razones que en todo caso esgrimen quienes salen a la calle, se cuestiona la propia decencia, legitimidad, alcance o intenciones, como si este sector de profesionales, como cualquier otro, no tuviera derecho a exponer de manera pública sus puntos de vista sobre algo que los afecta, como hacen, por ejemplo, los que convocan cercar el Congreso de los Diputados o asaltan las ciudades cuando discrepan de una sentencia judicial, de modo especialmente violento. Para esos vale la libertad de reunión y manifestación. Para policías y guardias civiles, por lo visto no.

Pero lo más infame de estos comentarios descalificadores no es sólo que se cuestione su fidelidad al orden constitucional sino el papel que han desempeñado y desempeñan en su defensa y mantenimiento, atribuyéndoles un proceloso pasado. Son precisamente, ellos, policías y guardias civiles y sus familias, quienes han sufrido y sufren ahora el zarpazo del terrorismo o de las manifestaciones violentas que tanto se prodigan en nuestros días. Que algunos de sus familiares se manifiesten con ellos es perfectamente legítimo y natural.

Las manifestaciones de los manifestantes

Estos turiferarios del Gobierno en ejercicio analizan, no sabemos con qué datos, las motivaciones de los manifestantes y su propia legitimidad. Porque ya no se trata de que tengan o no razón en sus reclamaciones, sino que se les niega el derecho mismo a exponerlas, acusándolos de mentirosos, manipuladores y de acoger tenebrosas intenciones contra el Gobierno y la democracia misma. Y ya puestos, se cuestiona, con carácter general la fiabilidad que pueden merecer en el ejercicio ordinario de sus funciones. Y puestos a hablar de mentiras, se omiten datos esenciales en sus propios análisis, con el hecho mismo de que la llamada “Ley Mordaza” fue declarada constitucional en su momento, salvo en el aspecto relativo a la toma y difusión sin autorización de las actuaciones policiales en la vía pública.

Los temores no los crean los policías y guardias civiles que se manifiestan pacíficamente, sino quienes, para defender al Gobierno y sus consocios, que en gran medida le imponen la hoja de ruta en esta y otras materias, no dudan en atacar a los más arriesgados servidores de la seguridad pública, emitiendo sentencias incontrovertibles sobre el conjunto “gregario” que sale a la calle a manifestarse. Cierto que los comunicados y manifestaciones de las razones de los sindicatos policiales contienen algunos errores, lagunas y omisiones que deberían matizar sus reclamaciones para ajustarse con precisión a los cambios que el Gobierno y sus consocios van a introducir en la legislación sobre seguridad pública. Sin la menor duda. Una cosa es corregir, denunciar y advertir donde los sindicatos policiales yerran, que debe hacerse, y otra cosa es convertirlos en elementos de aviesas intenciones contra al Gobierno. Pero eso, que debe ser corregido y señalado, no es razón suficiente para negarles el derecho a manifestarse con carácter general, expresar sus dudas y temores y reclamar una mayor atención a sus puntos de vista. Si el Gobierno atiende las reclamaciones salariales de los cuerpos policiales o incrementa su número, en función de las necesidades de la población, no hace otra cosa que cumplir con su deber. Y si España tiene un bajo nivel de delincuencia (según cómo se mire), se debe precisamente a esos mismos que se manifiestan.

Cuestionarse su prestigio

Cuestionar que los agentes del orden pierdan prestigio por manifestarse o que en su conjunto puedan incurrir en el incumplimiento de sus deberes constitucionales y reglamentarios es difundir una injusta sospecha. Y todo esto no limita, reduce o cuestiona que la ley que regula la seguridad pública ha de acomodarse proporcionalmente a los estándares de respeto a la libertad y el conjunto de los derechos de los ciudadanos que esos mismos policías protegen, conforme a los parámetros que señalan las organizaciones internacionales que España debe asumir. Sin duda.

Y en cuanto a la formación necesaria de los policías y guardias civiles, no hace poco contaba yo en este foro la historia de los dos agentes gallegos que han tenido que dejar la policía nacional en plena juventud, como consecuencia de las irreversibles lesiones físicas y psicológicas que sufrieron cuando acudieron a Cataluña a defender el orden constitucional frente a las masas violentas azuzadas por el mismo partido que ahora respalda al gobierno de progreso del doctor Sánchez. Creo que por respeto a agentes como estos dos, algunos deberían cuidar más lo que dicen de un conjunto de profesionales que forman parte de las instituciones mejor valoradas por los españoles.