Ortega Díaz y la MUD estrechan posturas contra el régimen de Nicolás Maduro
La líder de la rebelión interna del oficialismo ha presentado tres solicitudes ante el Tribunal Supremo para abrir procesos contra funcionarios y magistrados chavistas.
El frente abierto entre Luisa Ortega Díaz y Nicolás Maduro sigue subiendo en intensidad. La fiscal general insiste en bloquear a toda costa el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa quien fue hasta hace poco su guía espiritual en su calidad de heredero de Hugo Chávez, patriarca máximo del régimen que tiene a Venezuela hundida en la miseria. Al presidente le ha salido un tumor en el seno de su movimiento y, lo que es peor, apunta a convertirse en una tercera fuerza en el panorama político de la república bolivariana que coincide con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición opositora por antonomasia, en su guerra contra el Palacio de Miraflores.
Los coqueteos entre la rebelión interna en la revolución bolivariana y la MUD vienen desde marzo, cuando Ortega Díaz, quien lidera a los disidentes chavistas, acusó al Ejecutivo de darse un golpe de Estado cuando, mediante el Tribunal Supremo, dejaron sin facultades a la Asamblea Nacional. El lunes, la historia vivió un nuevo capítulo cuando la MUD convocó a sus simpatizantes a plantarse frente a la sede del mismo Supremo en Caracas para que acompañaran a la jefa del Ministerio Público a la presentación del contencioso de ésta contra la Constituyente, con la que Maduro espera quitarse de encima a sus rivales mediante una nueva Carta Magna. El lunes, la Sala Electoral del Supremo, a las órdenes del chavismo, rechazó la petición de la fiscal por "inepta acumulación de pretenciones".
Ortega Díaz respondió de forma automática con la presentación de tres solicitudes que dejan en evidencia que se ha exiliado de forma definitiva de los despachos chavistas: primero, un antejuicio contra seis miembros titulares y dos suplentes de la Sala Constitucional, quienes a fines de marzo se encargaron de propiciar el mencionado autogolpe de Estado y concedieron poderes dictatoriales a Maduro; segundo, una medida cautelar para que los magistrados de la Sala en cuestión fueran destituidos; y tercero, la destitución de 13 magistrados titulares y 20 suplentes designados en los estertores del anterior período de la Asamblea Nacional, a la sazón en poder de los chavistas, cuando se anticipaba una victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015.
Dichas designaciones fueron criticadas por los grandes grupos opositores puesto que los magistrados formaban parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y no ocultaban su admiración y simpatía por el Gobierno, por lo que no cumplían con los requerimientos del comité de postulaciones. La fiscal general incluso llegó a decir que en su momento se opuso a estos nombramientos. "No había denunciado antes esas irregularidades porque no había podido revisar las pruebas" aseguró ya que el proceso "estaba viciado y se hizo a espaldas mías”.
Presentación del acta
La Constitución de la república bolivariana apunta que el Consejo Moral Republicano, formado por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Ministerio Público, está a cargo de estudiar los expedientes de aquellos aspirantes a magistrados y deberán firmar en conjunto si se aprueba a los mismos. La fiscal general acusa de que no firmó ningún acta ni se enteró cómo o por qué fueron elegidos para el nombre. Tarek William Saab, titular de la Defensoría del Pueblo, dijo que Ortega Díaz no sólo firmó el acuerdo, sino que encima no opuso ninguna resistencia al mismo.
Los contenciosos presentados por Ortega Díaz son una evidencia de que los opderes del Estado no gozan de independencia. "El Gobierno pretende desmantelar al Estado y conspira para alterar la forma republicana, como está establecida en la Constitución. No es solo a través de un acto de fuerza como se conspira contra la nación, sino también con sentencias", explicó la jefa del Ministerio Público al presentar la solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados.
Este acto hizo que la MUD saltara de momento su movimiento en las calles con protestas que han sido reprimidas a la fuerza por la policía militarizada. La Asamblea Nacional se preparaba el martes para juramentar a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, que se encargaría de culminar con la designación de nuevos magistrados, recuerda El País.
El proceso de la Asamblea Constituyente ha terminado de partir en dos al chavismo. El ala más radical no perdona que el presidente piense saltarse la aprobación de los venezolanos para su nueva Constitución, algo que consideran una traición a sus principios pues Chávez si que sometió la suya a un referendo en 1999. El presidente se sabe acorralado y está dispuesto a echar a perder el legado de quien considera su padre -Chávez, es decir- con tal de salvar su silla. La respuesta a los ataques de la fiscal es sencillamente ridícula, como no podía ser de otra forma viniendo del Palacio de Miraflores. El diputado chavista Pedro Carreño ha pedido al Supremo que autorice someter a Ortega Díaz a un examen médico para determinar su estado mental. Como sea, la fiscal cuenta con el apoyo de la MUD y las protestas callejeras, por lo que el disparate de Carreño podría acelerar la nueva detonación.
