El nuevo modelo fiscal para Cataluña: ¿singularidad exportable o excepción política?
La política española vuelve a encarar una de sus asignaturas eternamente pendientes: la reforma del sistema de financiación autonómica. Y como tantas veces, Cataluña es el epicentro. Esta vez, el Gobierno ha decidido reactivar el debate con un nuevo enfoque: una propuesta "singular, federal y generalizable", impulsada por el acuerdo entre el PSOE y ERC que hizo posible la investidura de Salvador Illa. Pero bajo esa fórmula conciliadora se esconden retos de calado que amenazan con agrietar aún más el frágil equilibrio territorial del Estado.
La primera señal de alarma salta al examinar el propio carácter de la iniciativa. ¿Cómo puede ser algo “singular” y a la vez “generalizable”? ¿Hasta qué punto puede aplicarse un modelo que nace con la vocación de responder a las “singularidades” de una comunidad sin generar agravios comparativos? El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Presidencia catalán, Albert Dalmau, insisten en que el nuevo marco está abierto a todas las autonomías, pero también reconocen que responde a demandas específicas de Cataluña, como el control casi total de los tributos que se generan en su territorio.
El sistema actual, prorrogado de forma tácita desde hace más de una década, arrastra déficits de equidad y eficiencia ampliamente reconocidos. Pero el nuevo planteamiento tampoco resuelve por completo los dilemas fundamentales del modelo territorial. En especial, uno: cómo compatibilizar la “ordinalidad” —es decir, que Cataluña no pierda posiciones en el ranking de renta tras contribuir a la solidaridad— con la obligación de garantizar servicios públicos equivalentes en todo el país. La tensión entre autonomía fiscal y cohesión territorial está lejos de resolverse.
La Generalitat, en virtud del pacto con el PSC, esperaba empezar a recaudar el IRPF de forma exclusiva en 2026. Sin embargo, el propio Ejecutivo catalán ya asume que ese horizonte es inalcanzable sin reformas legales de gran calado y sin una transformación sustancial de su Agencia Tributaria, muy inferior en tamaño a su homóloga estatal. La recaudación plena, inspección y gestión de los impuestos requieren algo más que voluntad política: hacen falta medios, coordinación y tiempo. Y, sobre todo, un marco legal que no se prevé fácil de consensuar en el Congreso, donde la mayoría parlamentaria necesaria no está garantizada.
Además, las reticencias no se limitan a los grupos de oposición como Junts o el PP, que ya han manifestado su desacuerdo con la iniciativa. Incluso dentro del PSOE, barones territoriales ven con recelo una financiación asimétrica que pueda derivar en privilegios para unas comunidades en detrimento de otras. El precedente de la reciente quita del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), aprobada con mayoría gubernamental en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya dejó clara la capacidad del Ejecutivo para imponer decisiones en ese foro. Pero otra cosa muy distinta es sostenerlas políticamente en un contexto de creciente polarización territorial.
No es menor tampoco el papel de Madrid en esta contienda. La Comunidad madrileña, principal adversaria política del Gobierno central, ha criticado duramente lo que considera un trato preferente hacia Cataluña, al tiempo que ha defendido su modelo de bajada de impuestos. Desde el Ejecutivo se denuncia la incoherencia de estas reclamaciones de más recursos mientras se reduce la presión fiscal sobre las grandes fortunas. Una confrontación que anticipa que la reforma no será un trámite técnico, sino un pulso político de primer orden.
El nuevo modelo prevé que cada autonomía pueda elegir el grado de responsabilidad tributaria que desea asumir. Para Cataluña, el objetivo declarado es gestionar el 100% de los impuestos. De momento, solo cinco comunidades cuentan con agencias tributarias propias, y solo la catalana está mínimamente consolidada. Pero el plan va más allá: tras pagar al Estado por los servicios comunes, como los que presta en nombre de la administración general, la Generalitat transferiría otra suma en concepto de solidaridad. En teoría, este doble mecanismo garantiza tanto la suficiencia financiera como la redistribución equitativa.
Sin embargo, la gran incógnita reside en cómo se calcula esa aportación solidaria sin romper la ordinalidad. Es decir, cómo puede una comunidad rica como Cataluña contribuir de forma significativa a la caja común sin que eso la sitúe, en términos de renta disponible, por debajo de otras comunidades que reciben más de lo que aportan. El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat es vago en este aspecto: habla de transparencia, criterios objetivos y comisiones técnicas, pero evita concretar las fórmulas matemáticas que harían ese equilibrio posible.
La reforma también contempla un rediseño de los actuales mecanismos de nivelación, como el Fondo de Convergencia, que se unificarían en un solo instrumento. Asimismo, el Estado haría aportaciones diferenciadas a las comunidades que asumen competencias singulares, como prisiones o policía propia. En el caso catalán, esto se presenta como la vía para garantizar su “suficiencia financiera”. Pero a ojos de otros territorios, puede interpretarse como una financiación a medida que amenaza la igualdad entre comunidades.
Estamos ante una propuesta ambiciosa pero incierta. Un intento de adaptar el modelo de financiación autonómica a las realidades políticas y administrativas del siglo XXI sin romper del todo con los principios de solidaridad e igualdad que rigen el Estado de las Autonomías. La clave del éxito —o del fracaso— estará en su capacidad para conciliar lo singular con lo común, lo federal con lo nacional, y lo técnico con lo profundamente político.
Pero no nos engañemos: este no es un debate fiscal. Es un debate sobre el modelo de país. Y como tal, promete ser largo, enconado y profundamente divisivo. @mundiario
