Por qué muchos españoles reclaman un referéndum sobre la forma de la Jefatura del Estado

¿O cabe interpretar de otro modo las encuestas del CIS, donde menos de 4 de cada 10 españoles apoyan a la Monarquía?, se pregunta este autor.

Con toda serenidad cabe preguntarse por qué, si al final de la II Guerra Mundial, y antes de elaborar la Constitución, en Italia se llevó a cabo un referéndum sucesivo que liquidó para siempre la Monarquía de los Saboya, no se hizo lo mismo en España. Pero estaba previsto. Y está pendiente. La solicitud de ese referéndum no es un anhelo testimonial de Izquierda Unida, es un sentimiento que comparten 7 de cada 10 españoles menores de 40 años, según los estudios más solventes, Y una proporción creciente de los que vivimos la llamada “Transición”. ¿O cabe interpretar de otro modo las encuestas del CIS, donde menos de 4 de cada 10 españoles apoyan a la Monarquía?

El socialista Luis Gómez Llorente, vicepresidente del Congreso de los Diputados, fue coherente hasta el final, y defendió el voto republicano del PSOE en el debate constitucional con estas palabras. “Entendemos que la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios monárquicos. Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico. Ningún demócrata puede negar la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas”. Hasta la vieja sombra de Pablo Iglesias planeó por el Congreso, cuando rebrotaron sus palabras: “No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey”.

El proceso jurídico de la transformación del Franquismo en la Monarquía parlamentaria se valió un instrumento especialmente diseñado para evitar que los medios de comunicación y, por lo tanto el público en general, pudieran discutir en libertad sobre otras alternativas el modo en que se resolvió la conversión realmente curiosa. Es decir, que se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia alternativa de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la alternativa República o Monarquía antes de elaborar la Constitución.

Ese sentimiento nunca se extinguió y reaparece ahora, justamente, cuando el Rey Juan Carlos I anuncia su propósito de abdicar. La pieza esencial junto a las sucesivas leyes de la Reforma, fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas.

Ese referéndum, de haberse celebrado en su momento, siempre que hubiera sido posible llevarlo a cabo, hubiera despejado muchos de los problemas que actualmente acucian a la nación española. No deja de ser curioso que tanto en los comentarios de los asistentes a la reunión del Movimiento Europeo de 1964, el llamado “Contubernio de Munich”, como años después la Junta Democrática o en las propias negociaciones entre la oposición y Don Juan de Borbón, aparezca siempre como mecanismo de la salida del Franquismo una consulta a la nación que habría de solventar la forma de la jefatura del Estado, el futuro régimen y de la estructura misma del Estado. Personajes tan divergentes como Indalecio Prieto o José María Gil Robles, en sus respectivos memorandos para el Gobierno británico sobre la situación del régimen de Franco, coinciden en que para desmontar el Franquismo es preciso que el mecanismo jurídico incluya una consulta a la nación. Bien es cierto que cada uno lo veía de una manera diferente y que, según los escritos de Rafael Calvo Serer, el Conde de Barcelona aspiraba a ser el árbitro y beneficiario del proceso.

Reclamar ese referéndum no es una utopía, sino el propio mecanismo que reforzaría, caso de serle favorable a la Monarquía, su solvencia y seguridad. Volver a esconder la cabeza no dejará de ser un modo de esconder bajo la alfombra un problema que sigue sin resolverse.

El carisma atribuido a Juan Carlos I, por sus gestos personales, no es hereditario y el sembrado de banderas republicanas que aparecen cada día en nuestras calles en ocasiones diversas, es un síntoma de que el sentimiento republicano no es una extravagante reivindicación de extremistas y nostálgicos intelectuales.

Es una poderosa realidad social, vigente y creciente, donde coinciden, por cierto, personas de diversas ideologías que lo único que piden es recuperar la voz que se nos hurtó y poder decidir entre todos una cuestión esencial para el presente y el futuro de España.