Montero acusa al PP de banalizar la crisis de los cribados de cáncer

La vicepresidenta primera del Gobierno considera que minimizar los fallos en cribados de cáncer es “inadmisible” y una falta de humanidad.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / La Moncloa.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / La Moncloa.

En un momento en el que la salud de cientos de mujeres andaluzas pende de los fallos en los programas de cribado oncológico, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, lanzó un dardo directo al PP: “Es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida, aunque sea de una de nosotras”. Sus palabras resonaron con fuerza en Sevilla, durante un acto centrado en la Memoria Democrática, subrayando que la banalización de errores sanitarios no solo hiere la confianza ciudadana, sino que cuestiona la propia moralidad de quienes gobiernan.

Para Montero, minimizar la gravedad de los fallos en los cribados no es un error político: es un desprecio hacia quienes han visto amenazada su vida. Mientras el portavoz adjunto del PP, Pablo Venzal, se atrevía a reducir el impacto asegurando que las afectadas “se contarán con los dedos de una mano”, la vicepresidenta defendía que incluso una sola víctima justifica la existencia de un sistema sanitario de calidad, capaz de proteger a todas las mujeres y sus familias ante la enfermedad.

La crisis de los cribados no es abstracta. Más de 200 mujeres ya han presentado denuncias individuales, según la asociación Amama, mientras la Junta de Andalucía sigue esquivando responsabilidades concretas. Montero no solo se centra en las cifras: habla del colapso de la sanidad pública, de la falta de inversión y del riesgo que representa la privatización silenciosa del sistema sanitario andaluz. Para ella, cada vida afectada es un recordatorio de que la negligencia no puede ni debe relativizarse.

El precio de la banalización

Minimizar las consecuencias de un fallo sanitario no es solo un error de comunicación política; es un síntoma de un problema estructural. Según Montero, los errores en los cribados reflejan décadas de subinversión y de decisiones que han debilitado los servicios públicos.

La presidenta de Amama, Ángela Clavero, denuncia la falta de control y de transparencia de la Junta, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, califica los fallos como una “negligencia estructural”. La coincidencia de voces del PSOE y Sumar en el Gobierno evidencia que, para muchos, la crisis va más allá de la responsabilidad administrativa: se trata de la ética de un sistema que no protege a quienes más lo necesitan.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, intenta trasladar la culpa a problemas de “autoorganización” en algunos hospitales, pero su explicación no convence. Frente a la gravedad de la situación, la población percibe una falta de empatía y de respuesta rápida por parte de las autoridades, mientras Montero denuncia con contundencia lo que muchos piensan en silencio: la vida de una mujer no puede ser un dato más para relativizar.

Cuando una vida basta

La fuerza del mensaje de Montero radica en su humanidad: “Una sola mujer justifica un programa”, afirmó. Ese argumento rompe con la lógica fría de los números y la política de minimizar daños. Cada historia individual, cada mujer afectada, debería ser suficiente para activar protocolos, revisiones y acciones legales inmediatas. No se trata solo de justicia; se trata de confianza. Un sistema sanitario que no garantiza la detección precoz es un sistema que falla, y los ciudadanos lo perciben de inmediato.

Minimizar el impacto equivale a banalizar la muerte, y en política, como en la medicina, la percepción pública pesa tanto como los hechos. Montero no solo acusa al PP: interpela a toda la sociedad a no aceptar que vidas humanas sean cifras intercambiables. Su advertencia no es un gesto partidista, sino una llamada urgente a la responsabilidad ética y profesional en la gestión de la salud pública.

La crisis de los cribados en Andalucía debe convertirse en un punto de inflexión. Para Montero y los expertos sanitarios, la prioridad es clara: reforzar la sanidad pública, garantizar la transparencia y recuperar la confianza perdida. Cada denuncia, cada mujer que se enfrenta a la negligencia administrativa, es un recordatorio de que la política sanitaria no puede permitirse errores que cuesten vidas. @mundiario

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