Ante las quejas de jueces y fiscales, Moncloa respalda a Montero por la absolución de Dani Alves
La controversia en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el caso Dani Alves ha generado una reacción prácticamente unánime en el mundo judicial y político. Mientras jueces y fiscales, tanto progresistas como conservadores, han criticado las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el Gobierno cierra filas en su defensa.
La polémica se desató tras las palabras de Montero en un acto del PSOE, donde afirmó “qué vergüenza la sentencia de Dani Alves, después de lo que nosotras hemos luchado por la igualdad y los derechos de las mujeres, que la presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una mujer que se haya enfrentado al poder es una vergüenza”. Esta afirmación ha sido interpretada por jueces, fiscales y sectores de la oposición como un cuestionamiento a uno de los principios fundamentales del Estado de derecho.
Las asociaciones judiciales y fiscales han reaccionado con contundencia, rechazando cualquier insinuación que ponga en duda la independencia y el rigor del poder judicial. Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como Juezas y Jueces para la Democracia, así como las principales agrupaciones de fiscales, han expresado su malestar ante unas declaraciones que consideran “peligrosas” para la confianza en la justicia.
En este contexto, el Gobierno ha optado por respaldar a Montero en lugar de desautorizarla. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha defendido que la vicepresidenta simplemente expresó “el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia, en este caso de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en menos de un año”, después de haber sido condenado inicialmente. “Es lógico y evidente el respeto del Gobierno por la justicia y las distintas sentencias, pero tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas”, argumentó Alegría.
El Gobierno pide a los jueces “explicar muy bien” sus resoluciones
Desde La Moncloa intentan matizar el impacto de las palabras de Montero, argumentando que no se cuestionó la presunción de inocencia, sino que se hizo eco de la preocupación de amplios sectores sociales respecto a la protección de las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, esta interpretación no convence a la oposición ni a buena parte del estamento judicial, que ven en la declaración de la vicepresidenta un intento de erosionar la independencia de los tribunales.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha intervenido en el debate, subrayando la importancia del “respeto absoluto a las resoluciones judiciales”. Sin embargo, ha matizado que no solo los funcionarios del Poder Ejecutivo, sino que también el Judicial y el Legislativo “debemos explicar muy bien nuestras manifestaciones y nuestras resoluciones”, para que así las víctimas “no se sientan desprotegidas” y “no pierdan la confianza en las instituciones”
Esta afirmación sugiere una preocupación del Ejecutivo por el impacto social de sentencias como la de Alves, sin dejar de respaldar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El caso pone en evidencia la dificultad de gestionar debates sensibles en la esfera pública. Mientras el Gobierno busca equilibrar el respeto a la justicia con un discurso que conecte con las reivindicaciones feministas, el mundo judicial insiste en que la independencia de los tribunales no puede estar sujeta a presiones políticas o mediáticas. El debate está lejos de cerrarse, y la división entre el Ejecutivo y el estamento judicial podría seguir aumentando en futuras resoluciones. @mundiario
