Medallas de la infamia

Atendiendo a las ventajas que se otorgan a los particulares cuya acción pretende incentivarse, la actividad administrativa de  fomento puede consistir en medidas honoríficas, como las son las condecoraciones civiles otorgadas a policías, ya en retiro e incluso alguno fallecido, como es el caso del funcionario  del franquismo conocido como Billy el Niño.

El Parlamento acaba de aprobar una proposición no de ley dirigida al Gobierno para que retire estas condecoraciones de la infamia. Se alegan obstáculos jurídicos para llevarla  a cabo, que no existen. Porque el Gobierno, con sujeción al ordenamiento jurídico, puede revocar y dejar sin efecto las condecoraciones en cuestión, bien por falta de presupuesto de la finalidad para que fueron otorgados, o bien, sencillamente, por la nulidad radical de estos actos de concesión de unas medallas que no puede sostenerse su otorgamiento por una democracia digna de este nombre.

Muchas de estas condecoraciones a funcionarios policiales que desarrollaron su vil trabajo en el franquismo, son pensionados. Es decir, que los presupuestos públicos están fomentando económicamente la realización de torturas  y demás vejaciones a detenidos bajo la dictadura, en su inmensa mayoría por motivos políticos: su oposición a un régimen dictatorial. 

Es cierto que esta acción administrativa ha generado derechos individuales, y  como digo, económicos, y, por tanto, la revocación de estos actos honoríficos exige un escrupuloso trámite que, como también he dicho, está previsto en el ordenamiento jurídico-administrativo. Solo hace falta, por tanto, el impulso decoroso del Gobierno para subvertir de manera definitiva estas medallas de la infamia. @mundiario