Mazón, acorralado por la Justicia y su propio partido: un año después de la gestión de la dana
Carlos Mazón llega al primer aniversario de la dana en la Comunidad Valenciana en el peor momento de su carrera política. Un año después del desastre que se cobró 229 vidas, el presidente de la Generalitat se enfrenta a un escenario judicial adverso, a una presión política creciente dentro del Partido Popular y a una ciudadanía que, según los últimos sondeos, en su mayoría exige su dimisión. La conmemoración del 29 de octubre, marcada por el funeral de Estado presidido por Felipe VI, se convierte así en un recordatorio no solo de la tragedia natural, sino también de la tormenta política que amenaza con arrastrar a Mazón.
Mazón, en una declaración institucional después de un pleno extraordinario del Consell, ha defendido que el año pasado “tratamos de hacer lo mejor en unas circunstancias inimaginables, pero en muchos casos no fue suficiente”. El presidente de la Generalitat reconoció que “hubo cosas que pudieron funcionar mejor”, pero igualmente puso en valor la labor de los profesionales que se desplegaron en los días de la catástrofe. Por ello, ha anunciado que el 29 de octubre será declarado día de luto oficial en recuerdo a las víctimas.
“Cada 29 de octubre tiene que servir para recordar y homenajear a las víctimas, estar al lado de sus familias y acompañar a quienes siguen sufriendo las consecuencias. También para acompañar cada año el agradecimiento y la admiración a un pueblo que está unido ante las adversidades”, dijo el barón valenciano.
El avance de la investigación judicial sobre la gestión de la dana ha puesto a Mazón en el centro de un escrutinio que no cesa. La jueza Nuria Tobarra, que instruye el caso en el juzgado de Catarroja, ha recabado pruebas que apuntan a que la Generalitat activó tarde la alerta a la población. La funcionaria responsable del 112, Inmaculada Piles, declaró esta semana que recibió la orden de enviar un aviso masivo a móviles una hora y media antes de que la Administración autonómica lo hiciera, a las 20.11, cuando la mayoría de las víctimas ya habían perdido la vida.
Esa revelación desmonta el argumento del Consell sobre un supuesto “apagón informativo” y refuerza la tesis de la magistrada de que un aviso más temprano podría haber salvado vidas. La investigación también ha obligado a Mazón a rectificar varias veces su relato sobre dónde estuvo entre las 18.45 y las 19.45 de aquella tarde. Las incoherencias en sus declaraciones, sumadas a nuevos testimonios y registros telefónicos, han alimentado el escepticismo público y la presión judicial.
Feijóo toma distancia y exige explicaciones
La crisis ha rebasado los límites autonómicos y se ha trasladado al núcleo de la dirección nacional del PP. Alberto Núñez Feijóo, hasta ahora cauto en sus pronunciamientos, rompió su silencio al pedir a Mazón que “responda a todas y cada una de las preguntas” en las tres comisiones de investigación abiertas en el Congreso, el Senado y Les Corts Valencianes. Esa declaración, aunque formulada en tono institucional, fue interpretada como un aviso: el liderazgo de Mazón ya no goza del blindaje de Génova.
En el entorno del líder gallego reconocen que el caso valenciano “hace daño” a la marca del partido y que el desgaste de Mazón podría tener un coste nacional. En los últimos días, las encuestas de GAD3 y otros institutos han reflejado un deterioro severo de su imagen: el 75 % de los valencianos, y el 61 % de los votantes del PP, creen que debería dimitir.
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— EL PAÍS (@el_pais) October 29, 2025
En el PP valenciano, las tensiones son evidentes. Dirigentes autonómicos admiten en privado que la situación es “insostenible” y que la continuidad de Mazón depende del equilibrio entre el tiempo judicial y el cálculo político. Su principal sostén sigue siendo Vox, que mantiene su respaldo por puro interés estratégico: desgastar a Feijóo sin derribar al Gobierno autonómico. A cambio, el partido de Santiago Abascal ha conseguido cesiones en materia de inmigración y política lingüística, y no descarta apoyar los presupuestos de 2026, aunque condicionados a nuevas concesiones ideológicas.
El general retirado Francisco José Gan Pampols, vicepresidente responsable de la reconstrucción, ha anunciado su salida del cargo denunciando “trabas internas”, un gesto que deja a Mazón más aislado dentro de su propio Ejecutivo. Mientras tanto, en Valencia crece la sensación de que el president gobierna cada vez más en solitario.
Las dudas sobre su futuro político
La estrategia del presidente es clara: resistir. En su entorno aseguran que no contempla dimitir y que pretende agotar la legislatura hasta 2027. “Ya se le ha dado por muerto varias veces”, sostienen fuentes próximas. Sin embargo, la presión se intensifica. Algunas de las asociaciones de víctimas han pedido expresamente que no asista al funeral de Estado, y la calle ha vuelto a llenarse de manifestantes reclamando responsabilidades políticas y transparencia.
Mazón confía en que la falta de alternativas internas le permita ganar tiempo. María José Catalá, la figura más fuerte dentro del PP valenciano, ha reafirmado su compromiso con la alcaldía de Valencia y ha descartado aspirar a la Generalitat. La otra opción visible para un eventual relevo —el regreso del expresident Francisco Camps— genera más división que consenso.
El aniversario de la dana no solo simboliza el duelo colectivo por las 229 víctimas, sino también la prueba política más dura para Carlos Mazón. Las imágenes del funeral de Estado, las manifestaciones de las familias y las revelaciones judiciales convergen en un mismo mensaje: la tragedia no se ha cerrado y las responsabilidades aún están por dirimirse. En la antesala de nuevas comparecencias judiciales y parlamentarias, el futuro del presidente valenciano pende de un hilo.
La política, como la naturaleza, también tiene sus ciclos de tormenta. Y Mazón, que hace un año se enfrentó a una catástrofe climática, hoy navega entre los relámpagos de una crisis política y judicial que amenaza con dejarle sin refugio. @mundiario
