La cronología de la dana: la jefa del 112 confirma que la Generalitat ignoró la petición de alerta
La instrucción judicial sobre la dana que arrasó varias localidades valencianas el pasado 29 de octubre ha dado un giro decisivo. Inmaculada Piles, jefa del servicio del 112 de la Generalitat Valenciana, declaró ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que el Gobierno central pidió formalmente el envío de la alerta masiva Es Alert a las 18:35 horas, más de una hora y media antes de que la Generalitat activara finalmente el mensaje a las 20:11. Cuando la alerta llegó a los teléfonos móviles, las inundaciones ya habían provocado la mayoría de las muertes.
El testimonio de Piles, recogido en el juzgado de Catarroja (Valencia), desbarata la narrativa oficial del Gobierno de Carlos Mazón, que ha sostenido hasta ahora que la tragedia fue imprevisible y que no existió tiempo material para alertar a la población. Según la funcionaria, la petición de activar el Es Alert llegó de Patricia García, responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, en torno a las 18:35, justo cuando el barranco del Poyo se había desbordado en municipios como Torrent, Paiporta y Catarroja, causando una riada devastadora.
Piles relató que trasladó de inmediato el requerimiento a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat, quien respondió escuetamente: “Lo estamos valorando”. Esa indecisión fue fatal. La alerta no se envió hasta las 20:11, cuando los equipos de rescate ya trabajaban en un escenario de desastre total. La jueza, según fuentes del caso, considera que un aviso a tiempo podría haber salvado vidas.
La declaración de la jefa del 112 también contradice la llamada “teoría del apagón informativo”, sostenida por el PP y la propia Generalitat, que responsabiliza a los organismos estatales —como la Confederación Hidrográfica del Júcar— de no haber advertido con suficiente antelación del riesgo. Piles reconoció que no leyó la nota de prensa que alertaba de lluvias torrenciales, pero insistió en que su departamento era plenamente consciente de la magnitud del episodio meteorológico. “Sabíamos que era un episodio extraordinario”, admitió, aunque matizó que nadie podía imaginar la intensidad final de la tromba.
Otro detalle revelador de su testimonio apunta directamente al president Mazón. Piles aseguró que a las 12:05 de ese mismo día, recibió un mensaje de Emilio Argüeso, número dos de Emergencias, preguntándole en nombre de Presidencia por una ruta alternativa para desplazarse desde Xàtiva a Valencia evitando las zonas inundadas. Ese intercambio sugiere que el Consell conocía desde primera hora de la mañana la gravedad de las lluvias, pese a que Mazón mantuvo su agenda pública: a las 13:45 presidió una reunión económica en el Palau de la Generalitat y, posteriormente, almorzó durante casi cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana en un restaurante céntrico de Valencia.
El Gobierno autonómico, sin embargo, sigue defendiendo su actuación. Fuentes del Ejecutivo valenciano sostienen que el debate interno sobre el Es Alert se centró en “el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata”, lo que habría retrasado la decisión. Pero la cronología de los hechos, confirmada por varios testigos, muestra que el retraso en el envío del aviso coincidió con la inacción política y la confusión administrativa.
En paralelo, los dos ex altos cargos imputados —la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su entonces secretario autonómico, Emilio Argüeso— mantienen que la gestión se ajustó a los protocolos de emergencia y que la colaboración con el Gobierno central fue constante. No obstante, el testimonio de Piles apunta a lo contrario: hubo coordinación, sí, pero la respuesta autonómica se paralizó justo cuando más urgente era actuar.
El informe meteorológico de la Aemet había decretado alerta roja a las 7:36 de la mañana, y durante el pleno del Consell, celebrado entre las 9:00 y las 11:00, se discutió abiertamente la gravedad del fenómeno. Pese a ello, no se tomaron medidas excepcionales hasta pasadas las ocho de la tarde.
La instrucción de la jueza Ruiz Tobarra busca esclarecer si hubo negligencia o incluso responsabilidad penal por parte de los dirigentes autonómicos. Su línea de investigación apunta a un elemento clave: el tiempo perdido entre las 18:35 y las 20:11, cuando la población estaba desinformada, sin recibir el mensaje de alerta que podría haber salvado decenas de vidas.
Con su testimonio, Inmaculada Piles se convierte en la primera alto cargo de Emergencias que rompe el silencio y pone en evidencia las contradicciones del relato oficial. A medida que la investigación avance, el caso de la dana amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de la Generalitat Valenciana en la última década, no solo por el número de víctimas, sino por la cadena de decisiones —y omisiones— que precedieron la tragedia. @mundiario
