El laberinto de los autónomos y la encrucijada del Gobierno
Pocas palabras generan tanto ruido político en España como “autónomos”. Son más de 3,4 millones de trabajadores que sostienen buena parte de la economía real del país, muchas veces sin vacaciones, sin bajas largas y sin la seguridad de un salario fijo. Por eso, cada vez que el Gobierno plantea revisar sus cotizaciones, el debate se convierte en una tormenta perfecta. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social para modificar las cuotas entre 2026 y 2028 ha levantado polvo antes de llegar siquiera a la mesa de negociación formal.
El plan prevé subidas que van desde los 11 hasta los 206 euros mensuales, según los ingresos. La idea es reforzar el principio de “ingresos reales”, un sistema aprobado en 2022 que busca que cada autónomo pague en proporción a lo que gana. Sin embargo, la polémica se ha encendido en los tramos más bajos, donde el aumento sería de 17 euros para quienes apenas llegan a 670 mensuales. Es decir, para quienes viven cada mes como si caminaran por una cuerda floja, cualquier euro extra duele.
Entre el cálculo técnico y la empatía social
La ministra Elma Saiz ha insistido en que se trata de una propuesta en “fase de escucha”, abierta al diálogo. Y es cierto: toda reforma del sistema de cotizaciones requiere tiempo, matices y comprensión del terreno. Pero también lo es que la empatía social no puede quedar fuera de la ecuación. Los autónomos más modestos no se oponen a contribuir, sino a hacerlo en un esquema que no refleje sus condiciones reales.
Los socios del Gobierno, como Sumar o ERC, han advertido que la progresividad debe empezar por arriba. No se trata solo de justicia fiscal, sino de coherencia política. Penalizar a quien menos gana transmite una señal equivocada en un contexto de encarecimiento general de la vida y de un tejido productivo que aún se recupera de los efectos de la pandemia y la inflación.
El debate no debería reducirse al viejo cliché de “más o menos impuestos”. En realidad, se trata de cómo financiar un sistema de protección social sólido sin ahogar a quienes lo sostienen desde la base. Si los autónomos sienten que pagan más pero reciben poco a cambio —pensiones escasas, trabas burocráticas o prestaciones insuficientes—, cualquier subida se percibirá como un castigo, no como una inversión en su futuro.
Reformar con justicia y no con miedo
Es legítimo revisar un modelo que durante años ha dejado grietas profundas. Pero también es imprescindible hacerlo con una mirada amplia. Un país que presume de economía moderna no puede tratar a sus trabajadores por cuenta propia como ciudadanos de segunda. En lugar de discutir quién grita más en el Congreso, habría que centrarse en cómo reforzar su seguridad, facilitar su acceso a la formación o simplificar los trámites que los asfixian día a día.
Quizá la clave esté en entender que los autónomos no son una categoría fiscal, sino una historia de esfuerzo continuo. Cada cuota que pagan no debería ser vista como una carga, sino como una promesa: la de un Estado que responde cuando más se le necesita. Esa promesa no puede fallar otra vez. Porque detrás de cada factura emitida hay un rostro que madruga, arriesga y sostiene parte de lo que somos. Y si el sistema no les protege, entonces no está cumpliendo su función. @mundiario
