La UE presiona a España para bajar la temporalidad en la Administración

Pedro Sánchez en Bruselas./ RRSS
Pedro Sánchez, jefe de Gobierno de España, en Bruselas./ RR SS
Bruselas le ha pedido al Gobierno que vea la forma de reducir la temporalidad en el sector público. Este punto afecta al mercado laboral y, más aún, en plena pandemia. 
La UE presiona a España para bajar la temporalidad en la Administración

La Unión Europea le ha llamado la atención a España. Bruselas ha señalado a Madrid que debe buscar una formula para resolver la temporalidad en el sector público. En ese sentido, fuentes de El País indicaron que Comisión Europea identifica este punto como uno de los más problemáticos para el mercado laboral español.

Según el citado medio, para tratar de superar este asunto,  el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comisión Europea negocian en estos momentos punto por punto todo el plan de inversiones y reformas que se enviará a Bruselas a finales de marzo para obtener los fondos europeos, el llamado Plan de Recuperación y Resiliencia.

Las negociaciones -apuntaron las fuentes de El País- tiene como uno de los puntos medulares es, precisamente, la temporalidad. Bruselas insiste en enarbolar como soluciones el contrato único y la mochila austriaca, un sistema con el que el coste del despido se va anticipando mes a mes en una bolsa que el trabajador acumula y puede llevar a otra empresa o a la jubilación. 

Por su parte, la Moncloa rechaza de plano ambas fórmulas y trabaja en otras. Propone simplificar contratos, obligar a que esté más justificada la contratación temporal —lo que en la jerga se conoce como endurecer la causalidad—, promover el uso del fijo discontinuo allá donde no se utilice, y aplicar la sentencia del Supremo que limita el uso del temporal en la subcontratación. 


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Cifras reseñadas muestran que la temporalidad en España ronda tasas de entre el 25% y el 30%. En la UE solo Polonia arroja unos niveles tan altos. Cuando se analizan los motivos, una pequeña parte puede explicarse porque haya más presencia de sectores estacionales como el turismo.

En España hay casi 700.000 interinos. En la administración central su cuota se sitúa en el 8%. Y en las comunidades el porcentaje se dispara a cifras de dos dígitos. En algunas incluso ronda el 30%, según fuentes de Función Pública. “Es un problema que sufren maestros y enfermeras”, sostiene una fuente del Ejecutivo a El País. 

"Según fuentes del Gobierno, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública prepara un cambio del artículo 10 del estatuto básico del empleado público para limitar el uso de los interinos. Esta modificación se está negociando con los sindicatos y la anterior ministra ya lo había discutido con las comunidades", agrega. 

“Hay que conseguir que personas que desempeñan un trabajo estructural en la administración lo hagan con una plaza fija. Hay que ver cómo se hace, qué costes tiene y en cuánto tiempo podemos abordarlo”, zanjo una fuente de Función Pública al citado medio.  @mundiario

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