La justicia europea frena al Parlamento en el caso Puigdemont por falta de neutralidad
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anula la retirada de la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Antoni Comín no es solo un episodio más del largo conflicto judicial ligado al procés. Es, sobre todo, una llamada de atención a las instituciones europeas sobre algo tan básico como incómodo: las garantías procedimentales importan tanto como las decisiones finales.
El tribunal no entra a valorar si los hechos por los que se persigue a los dirigentes independentistas son o no legítimos desde el punto de vista penal. Lo que pone en cuestión es el camino elegido. Según los jueces de Luxemburgo, el Parlamento Europeo no respetó la exigencia mínima de imparcialidad al designar como ponente del suplicatorio a un eurodiputado del mismo grupo político que Vox, partido que había impulsado el proceso judicial en España. En derecho, las apariencias también cuentan. Y aquí, la sombra de la duda era demasiado alargada.
Por qué la imparcialidad no es un detalle menor
Para quien no esté familiarizado con el funcionamiento de la Unión Europea, conviene aclararlo. El levantamiento de la inmunidad de un eurodiputado no es un trámite automático. Es una excepción pensada para evitar abusos, no para facilitarlos. Por eso el procedimiento debe ser escrupuloso y estar libre de intereses cruzados.
El TJUE recuerda algo elemental: si quien instruye un expediente puede ser percibido como parte interesada, todo el proceso queda contaminado. Es como intentar arbitrar un partido en el que uno de los equipos es tuyo. Aunque jures neutralidad, nadie te va a creer. Esa falta de cuidado es la que lleva al tribunal a anular tanto la decisión del Parlamento como la sentencia previa del Tribunal General que la avaló.
Este matiz es clave porque desmonta el relato simplista de que Europa actúa movida por afinidades políticas. Aquí no hay un respaldo automático a Puigdemont, sino una defensa de las reglas del juego.
Consecuencias políticas y dudas abiertas
En términos prácticos, la sentencia tiene un alcance limitado. Puigdemont y Ponsatí ya no son eurodiputados y, por tanto, no disfrutan de inmunidad. El único caso con efectos inmediatos es el de Comín, elegido en 2024 pero aún sin recoger su acta. Sin embargo, el impacto real es político e institucional.
El fallo refuerza la idea de que el conflicto catalán no se resolverá a golpe de atajos judiciales ni de decisiones apresuradas en Bruselas o en Madrid. También deja en evidencia la fragilidad de ciertos discursos euroescépticos que, como el de Vox, mezclan tribunales y confunden instancias para sembrar desconfianza.
Quedan aún piezas importantes por encajar, como la sentencia sobre la ley de Amnistía o los recursos pendientes de algunos de los implicados. Pero este pronunciamiento deja una lección clara. En una Unión Europea que presume de Estado de derecho, las formas no son un adorno. Son el cimiento. Ignorarlas puede salir caro, no solo para un caso concreto, sino para la credibilidad de todo el edificio común. @mundiario
