La justicia espera la salida de Donald Trump para que rinda cuentas
Los tribunales aguardan. El 45° presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasará a la historia como el primero y el único hasta ahora que será sometido a un juicio político (impeachment) dos veces, pero también como el que probablemente enfrente más problemas legales después de dejar la Casa Blanca. El presidente Trump cometió muchas infracciones políticas e incluso delitos federales, pero el ciudadano y empresario también tiene cuentas pendientes con la justicia por las maniobras que presuntamente ejecutó para mantener a flote su riqueza y su imperio inmobiliario.
El magnate republicano podría ser el primer expresidente en ser procesado penalmente. El empresario de bienes raíces que irrumpió en la política estadounidense como esa figura que lucharía contra el establishment de Washington para “hacer a América grande otra vez” está a punto de encarar un largo camino de batallas legales, ya no para anular el resultado de las elecciones presidenciales que él quiso hacer ver como fraudulentas sin ningún tipo de prueba, sino para garantizar su libertad y su seguridad jurídica, así como la de su inmenso patrimonio financiero, luego de haber eludido la reglas del Estado sobre las riquezas de los grandes magnates.
El contexto del juicio político será determinante en el futuro judicial del presidente saliente, pues si el Senado no lo absuelve y lo declara culpable de incitación a la insurrección, entonces Trump estaría imputado y manchado con un delito de sedición, que a su vez es un acto de traición estipulado en el Código de Estados Unidos y que acarrea una pena de hasta 20 años de prisión. Ese ya sería el primer escollo legal del republicano, su primer reto a apelar en tribunales sin posibilidad de fianza. Aunado a ello, Trump quedaría inhabilitado para postularse en las elecciones presidenciales de 2024 y, por ende, volver a ejercer cargos públicos de por vida.
¿De qué es acusado Donald Trump?
Principalmente, y de hecho, fue uno de los escándalos que más opacó su ya dañada reputación en los últimos meses de su presidencia; un fraude fiscal en el estado de Nueva York. El fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus Vance, determinó tras varias pesquisas que hubo “una amplia y prolongada conducta criminal en la Organización Trump” y sugirió que investigará “diversos potenciales delitos financieros, desde fraude de seguro hasta evasión de impuestos, pasando por fraude bancario”. En los últimos 15 años, Trump pagó la irrisoria cantidad de 750 dólares en impuestos por sus gigantescos negocios en el mercado de bienes raíces.
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Incitación a la insurrección: si bien es un delito de orden político por haber sido cometido mientras Trump ocupaba la presidencia, la sanción administrativa de prohibición para cualquier cargo público no será la única que enfrente el republicano, pues esa responsabilidad también es un crimen federal que deberá ser juzgado por separado en el Departamento de Justicia bajo un expediente distinto. Paradójicamente, Trump podría ser procesado por ese organismo que él se encargó de manejar a su antojo y a su conveniencia política con quien fuera su aliado, el ahora exfiscal general William Barr.
Obstrucción a la justicia: la trama rusa sigue dando de qué hablar y ahora es cuando más podría salpicar al casi expresidente por la gravedad que implica la intromisión de una potencia extranjera en las elecciones presidenciales de otro país. Lo que hizo Rusia al interferir en las elecciones de 2016 para que, presuntamente, Trump resultara vencedor debido a la conveniencia estratégica y geopolítica que eso representaba para el autócrata Vladimir Putin, es una conspiración internacional contra los Estados Unidos en la que pudo haber participado en entonces candidato presidencial republicano, quien este miércoles saldrá de la Casa Blanca ‘por la puerta de atrás’.
Financiación ilegal de campaña: Durante la primera campaña presidencial de Trump, salieron a la luz pública unas grabaciones en las que el entonces candidato se jactaba de “agarrar” a las mujeres por los genitales sin su consentimiento. Además de ser un evidente delito de abuso sexual por parte de una figura pública, su exabogado y conseguidor Michael Cohen (indultado por Trump) ideó un plan para desviar dinero de la campaña, sin declarar el origen y el uso de esos fondos, sin pagar impuestos, y soborna a una actriz porno y a una modelo de la revista Playboy para que no delataran a Trump, pues ambas aseguraban haber mantenido relaciones sexuales con el hoy presidente saliente.
Fraude fiscal federal: como se indicó unas líneas más arriba, el mayor delito de evasión de impuestos cometido por Trump es el de solo haber pagado 750 dólares a la autoridad tributaria del Estado por sus negocios multimillonarios; una cifra que prácticamente es nada para alguien que ostenta una fortuna de 3.100 millones de dólares. Los fiscales del Departamento de Justicia estiman que Trump “deliberadamente trató de defraudar al Estado”, por lo cual podrían presentar cargos contra él una vez que sea expresidente y ya no tenga inmunidad, así como también la autoridad fiscal le podría exigir el pago real de los impuestos que debió pagar y no pagó durante más de una década de éxito financiero, contratos y construcción de torres de lujo en Nueva York.
Fraude inmobiliario: la Fiscalía general del Estado de Nueva York, que dirige Letitia James, investiga si la compañía familiar de Trump mintió a los bancos sobre el valor de sus bienes inmobiliarios, es decir, de sus activos, para asegurar préstamos o beneficios fiscales como una reducción de impuestos o de intereses. El problema radica en que si la Fiscalía determina la existencia de esa contabilidad falsa, Trump y sus hijos, que manejan su compañía, podrían enfrentar consecuencias penales, incluidas cuantiosas multas, por mentir sobre el valor de su patrimonio para beneficiar ilegalmente a su empresa; otro de los muchos problemas del ciudadano Donald Trump.
El otro tramo del laberinto legal de Trump
Además de estos delitos de orden federal, fiscal, penal y político, Trump enfrentará juicios por su violación de la cláusula sobre emolumentos, que está establecida en la Constitución de EE UU y prohíbe al presidente recibir regalos de Gobiernos extranjeros, algo que Trump hizo al aceptar el dinero que autoridades del Gobierno de Arabia Saudita y otros países se han gastado en reservas del hotel Trump en Washington, una de sus más lujosas y rentables propiedades. Es decir, el presidente mezcló sus negocios personales con el ejercicio de la presidencia para beneficios financieros propios. De más está decir que es otro delito federal muy grave.
Por si fuera poco, en un plano más personal y civil, Trump tiene una demanda en su contra por fraude interpuesta por su sobrina Mary Trump, una demanda de difamación de la escritora Jean Carroll y una demanda de difamación de Summer Zervos, ex concursante del famoso programa de televisión de Trump, The Apprentice (El Aprendiz).
Es muy probable que el ciudadano Trump tenga que invertir mucho más tiempo y dinero para salir de ese laberinto jurídico que en mantener vivo su movimiento radical de extrema derecha, con el que pretende volver a la Casa Blanca en 2024, si es que el Senado se lo permite. Abandonará la presidencia de EE UU, pero su polémica historia de errores continúa. @mundiario
