IU, Sumar y Podemos sellan un pacto in extremis que salva la unidad de la izquierda en Andalucía
La política, como la física, tiene sus propias leyes naturales. En el caso de la izquierda alternativa en Andalucía, la más poderosa de todas es la penalización de la división. El acuerdo alcanzado en el último minuto entre Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos no responde tanto a una afinidad estratégica renovada como a la conciencia compartida de que concurrir por separado habría sido, casi con certeza, un suicidio electoral.
El desenlace, con la inscripción de la coalición Por Andalucía dentro del plazo, corrige el error de 2022, cuando la desconfianza mutua dejó a Podemos fuera del marco jurídico de la candidatura. Pero también revela que los problemas de fondo de liderazgos cruzados, recelos territoriales y dependencia de decisiones estatales siguen intactos.
Los datos recientes han actuado como catalizador. Los resultados de Podemos en Aragón y Castilla y León —por debajo del 1 % y sin escaños en los parlamentos— han reducido drásticamente su capacidad negociadora. Esa debilidad explica que la formación haya aceptado un reparto de listas que no considera proporcional a su “peso político”, pero que ha asumido en nombre de una “responsabilidad” mayor de evitar la fragmentación.
Por su parte, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han mantenido el control del diseño inicial de la coalición, cediendo lo justo para integrar a su antiguo socio sin alterar el equilibrio previamente pactado. El liderazgo del candidato a la Junta, Antonio Maíllo, emerge así reforzado, no tanto por una victoria interna, sino por haber logrado cerrar una operación políticamente imprescindible.
Podemos encabezará la lista de Jaén
Por Andalucía, al final, aglutinará a siete fuerzas progresistas, entre andalucistas, regionalistas, ecológicas y la izquierda alternativa estatal, que incluyen a Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde, Podemos y Alianza Verde.
De acuerdo con el acuerdo alcanzado, IU encabezará las listas de Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Almería; Movimiento Sumar, la de Cádiz; Iniciativa del Pueblo Andaluz, la de Huelva; y Podemos tendrá la de Jaén que estaba en manos del partido de Maíllo. Actualmente, la coalición tiene cinco escaños por las circunscripciones de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.
La negociación marcada por el secretismo, las consultas exprés y reuniones maratonianas evidencia un patrón recurrente en este espacio político donde los acuerdos llegan tarde y bajo presión. La unidad no es tanto un punto de partida como un recurso de emergencia. La coalición se registró en el Parlamento andaluz a eso de las 13.00 horas este Viernes Santo, el último día del plazo que vencía a las 23.59 para registrar candidaturas.
Más allá del acuerdo: una coalición en equilibrio precario
La unión de las principales fuerzas progresistas estatales a la izquierda del PSOE permite presentar una candidatura competitiva frente al bloque de derechas encabezado por el PP. Pero las urgencias dificultan la construcción de un relato sólido y coherente ante el electorado, que ha asistido en los últimos años a episodios reiterados de división, reproches cruzados y pactos in extremis.
El nuevo Por Andalucía integra hasta siete fuerzas políticas, un mosaico que amplía su base pero también incrementa la complejidad interna. La coexistencia de culturas políticas distintas —desde el municipalismo andalucista hasta el espacio estatal de Sumar— exigirá una coordinación fina en campaña y, en caso de éxito electoral, en la acción parlamentaria.
Además, la existencia de una segunda candidatura a la izquierda del PSOE, encabezada por Adelante Andalucía, mantiene un grado de fragmentación que el acuerdo no iba a resolver de todas maneras.
El pacto alcanzado es, en esencia, una solución pragmática después de apurar las negociaciones hasta el último minuto, aunque no como en 2022. Evita el peor escenario —tres listas compitiendo por el mismo electorado— y permite a la izquierda alternativa presentarse con una mínima capacidad de influencia en los comicios del 17 de mayo.
