El indulto, un mal menor que puede conducir a un bien mayor

Juicio al procés en el Tribunal Supremo. / RTVE
Juicio al procés en el Tribunal Supremo. / RTVE
El primer movimiento que tiene ante sí el Gobierno es el de los indultos. No son un capricho, sino una obligación que debe afrontar, porque están solicitados.
El indulto, un mal menor que puede conducir a un bien mayor

Cataluña no ha forjado su mejor gobierno, pero tampoco se ha inclinado por el peor. El independentismo perdió 700.000 votos respecto a las elecciones anteriores, pero de ellos, los “partidos vengadores” de la derecha nacional tampoco lograron capitalizar esa pérdida. Sólo los socialistas, con un claro planteamiento de moderación y voluntad de entendimiento, lograron subir en votos: exactamente el 10% de los que perdió el independentismo.

Es verdad que ERC ha tenido vértigo de mirar a la izquierda, porque en el proceso que fracasó en 2017 se había salido tanto y tan aceleradamente del escenario, que aterrizar ahora de golpe en la realidad podría haberle hecho estallar los tímpanos. Y hay quien dice que de haberle dejado libre el terreno del independentismo a la gente de Puigdemont habría vuelto a radicalizar las cosas, colocando a Cataluña de nuevo en la casilla de salida.

Pere Aragonés -en una largo y arduo tira y afloja- ha hecho pivotar la negociación sobre un pacto imposible con la CUP para cerrar el paso a Puigdemont. Y ha logrado al final un gobierno, pendiente de un hilo muy fino que, mientras proclama el independentismo, ha colocado las piezas en un tablero muy diferente del que hubiera querido el expresident huido.

Por un lado, ha situado al Govern y al Parlament en el lugar que les atribuye el Estado de Derecho definido por la Constitución: al frente de la gobernanza de la nacionalidad catalana. Escapando así de un fantasmagórico “consell de la república”, que no era más que un trampantojo de un simulado “gobierno en el exilio”. Por otro lado, no ha accedido a sindicalizar la acción en el Congreso de los Diputados en un bloque independentista monolítico y obstruccionista. Y, por último, si bien mantiene dos eslóganes soberanistas en su discurso (la amnistía y la independencia), establece el compromiso de luchar por ellos dentro de las reglas del juego del propio Estado de Derecho.

No es tarea sencilla para la propia ERC, ni facilita un camino de diálogo capaz de dar frutos ni a corto ni a medio plazo. Pero, al menos, se queda dentro del escenario político y democrático del Estado de Derecho. Y obliga a los responsables de la gobernanza del Estado y a los representantes de la soberanía nacional a mover ficha, y a proceder con una finura que, si se hubiera aplicado desde principios del presente siglo, nos habría ahorrado vivir las rupturas y desencuentros que nos ha tocado sufrir, y habría propiciado que ahora el camino estuviera más despejado.

Ahora, mientras ERC se desenvuelve en esa especie de viacrucis que se ha forjado, a las restantes fuerzas políticas les toca actuar -en Cataluña y a nivel nacional- teniendo en cuenta múltiples matices, y tratar de construir en positivo sobre un terreno pantanoso y resbaladizo. No me cabe duda de que, en Cataluña, Salvador Illa y el PSC van a saber al menos intentarlo, y espero que lo consigan con el concurso de los Comuns. A nivel del Estado, las fuerzas que componen el Gobierno de coalición lo tienen más difícil, y necesitan las aportaciones y el soporte del resto de las fuerzas en las que se apoyan para gobernar. Por desgracia, el PP y Ciudadanos (por no hablar de Vox, que por ahora está incapacitada para comprender lo que es la España democrática), ni han sabido entender el mensaje que sus partidarios catalanes les han enviado en las últimas elecciones, ni son capaces de abandonar un anticatalanismo visceral que les impide entender de matices, de negociaciones y de acuerdos.

El primer movimiento que tiene ante sí el Gobierno es el de los indultos. No son un capricho, sino una obligación que debe afrontar, porque están solicitados. Una decisión difícil que, según diversos sondeos, divide al país por la mitad. Después de casi cinco años queda mucha visceralidad en el conjunto de España, y no es fácil adoptar una decisión matizada y cargada de finura en semejante situación. Y, por mucha pedagogía que se haga, todos sabemos que las tripas no razonan. Y menos aún cuando las bancadas y las sedes de los partidos de la derecha están convertidas en una casquería.

Tampoco es fácil que -en un tema tan enconado- el Supremo, como tribunal que emitió la sentencia hubiera dado el visto bueno. Pero por más que algunos se empeñen, el Supremo no tiene que articular la política de nuestro país, y su informe preceptivo no es vinculante. No es el Supremo quien tiene que establecer las bases del diálogo, como no fue quien, ante la Justicia de varios países europeos -Bélgica y Alemania- tuvo la habilidad de hacer valer su interpretación, en el caso del delito de sedición, como un delito homologable a la legislación de esos países. Hasta el punto de que -cuando el Parlamento Europeo retira la inmunidad a Puigdemont- el propio Supremo mostró una gran inseguridad sobre sus propias convicciones, cursando antes de proceder una dubitativa consulta previa a la Justicia europea. Y todo porque se empeñó en ir a por la sedición para elevar las penas.

Razonamientos

El Gobierno de la nación debe en estos momentos conceder el indulto, y debe hacerlo con diversos posibles razonamientos:

En primer lugar, teniendo en cuenta las propias dudas de hecho del Tribunal Supremo sobre la sentencia por sedición: dudas que quedan indicadas en su propia consulta a la Justicia europea. En segundo lugar, porque es necesario un gesto claro de que se quiere acabar con las rupturas territoriales de España y de que se quiere abrir un camino de diálogo para evitar esas rupturas. En tercer lugar, porque los condenados no saldrían a la calle al día siguiente de la sentencia, sino habiendo cumplido la cuarta parte, y más, de sus condenas: casi lo que habría sido la sentencia por rebelión -más homologable con la legislación europea-, en lugar de sedición.

Es más: el Gobierno podría incluso plantear el indulto como una cuestión de utilidad pública, si con él facilita las vías de diálogo y negociación, y se reconduce cualquier iniciativa de los partidos independentistas (al menos del Govern y del Parlament) hacia los cauces de nuestro Estado de Derecho.

En todo caso, el Gobierno tendrá que motivar y razonar con gran finura, y fundada argumentación, una decisión de indulto, para cerrar las vías a que prospere cualquier recurso ante la sala de lo contencioso del Supremo, cuyo sesgo ideológico ya se ha manifestado en anteriores ocasiones.

La derecha intentará armar barullo. Pero ya lo intentó Casado sobre el masivo paso de inmigrantes a Ceuta, en un práctico acuerdo con dos partidos ultranacionalistas marroquíes que reivindican la invasión de Ceuta y Melilla. Y recurrirá ante la sala de lo contencioso del Supremo, que sólo podrá entrar a considerar si se han cumplido los trámites preceptivos, y si se ha argumentado suficientemente la decisión. @mundiario

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