La imputación de Montoro: el Gobierno contraataca mientras el PP intenta capear el temporal

Desde el Ejecutivo han salido en bloque a exigir explicaciones a Feijóo al equiparar la investigación contra el exministro de Hacienda con el caso Koldo y tratar de usarlo como contrapeso político para el PSOE.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero. / X
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero. / X

La imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presunta corrupción, tráfico de influencias y prevaricación ha desatado una tormenta política que el Gobierno no ha dudado en aprovechar. Para el PSOE, el caso ofrece la oportunidad de reequilibrar el debate mediático y político tras semanas marcadas por la presión del Partido Popular en torno al caso Koldo y la reciente entrada en prisión del exnúmero tres del partido, Santos Cerdán. La estrategia es clara: señalar la supuesta doble vara de medir del PP cuando los escándalos afectan a sus propias filas.

Desde el Ejecutivo han salido en bloque a exigir explicaciones a Alberto Núñez Feijóo, equiparando el caso Montoro con los que afectan a actuales dirigentes socialistas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado los hechos investigados como “muy graves” y ha apelado a que Feijóo y el presidente andaluz, Juanma Moreno “rendir cuentas de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en los tribunales con tantos y tantísimos altos cargos” del PP “que están pasando” por los juzgados”.

La titular de Sanidad, Mónica García, y otros altos cargos como Óscar López, Óscar Puente o Ana Redondo han seguido esa línea, denunciando lo que consideran una práctica sistemática de privilegios y puertas giratorias en los gobiernos del PP.

La reacción desde Génova, sin embargo, ha sido cuidadosa. Reconocen la gravedad de la imputación, pero buscan desmarcarla del actual liderazgo. Insisten en que Montoro ya no forma parte activa del partido —de hecho, ha solicitado su baja como afiliado— y recalcan que los hechos investigados corresponden a un contexto político y administrativo muy anterior al liderazgo de Feijóo. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha mostrado respeto por la justicia, pero ha recordado que la causa ya fue archivada anteriormente. Además, ha enfatizado que las normas ahora cuestionadas siguen vigentes, lo que, a su juicio, contradice su supuesta ilicitud.

Para el PP, no se trata solo de una cuestión judicial, sino de proporcionalidad. Los populares rechazan que este caso pueda equipararse con los escándalos que salpican al actual PSOE, como el caso Koldo, en el que están en juego supuestas comisiones por contratos públicos durante la pandemia. “Si hacemos un análisis amplio, yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen”, ha afirmado Bravo, marcando una línea divisoria clara entre los casos.

Una oportunidad política para contrarrestar el caso Cerdán

En clave estratégica, el PSOE ha encontrado en la imputación de Montoro un valioso contrapeso mediático. Con la presión creciente por las investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez, el caso del exministro de Mariano Rajoy les permite redistribuir el foco de la opinión pública. El mensaje es sencillo pero eficaz: no hay partido libre de sospechas, y el PP no puede presentarse como garante de limpieza institucional sin asumir responsabilidades por su pasado reciente.

Así lo ha expresado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha insistido en comparar este caso con el que ahora es el principal dolor de cabeza del Gobierno de coalición. “¿Decretarán el ingreso en prisión de Montoro y su equipo? ¿O no hay riesgo de destrucción de pruebas o de influir en sus clientes para que las destruyan?”, insistió en su cuenta de X. Con este paralelismo, el Ejecutivo pretende diluir la narrativa de corrupción exclusiva del PSOE, presentando al PP como un partido con un historial similar de prácticas opacas, cuando no directamente ilícitas.

Mientras tanto, Vox ha aprovechado el escenario para reforzar su discurso anti-establishment y contra el bipartidismo. La formación liderada por Santiago Abascal ha equiparado a PP y PSOE en sus prácticas, señalando que ambos partidos se han alternado en la presidencia del Gobierno desde la Transición.

“La realidad es que, de todas las tropelías de Sánchez y su mafia, la política fiscal es simple herencia del PP”, declaró el líder de ultraderecha, cuyo partido ha estado en el ojo del huracán esta semana por el debate migratorio azuzado por los altercados xenófobos de Torre Pacheco. En un momento en que el electorado muestra creciente desconfianza hacia los partidos tradicionales, Vox capitaliza la imagen de “vieja política” que esta nueva trama viene a reforzar. @mundiario

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