Impeachment a Trump: “Es la acusación más grave contra un presidente de EE UU”

El Senado de EE UU reunido en pleno para el segundo juicio político al expresidente Donald Trump. / Los Angeles Times
El Senado de EE UU reunido en pleno para el segundo juicio político al expresidente Donald Trump. / Los Angeles Times
Los fiscales demócratas insisten en que Donald Trump sí puede ser juzgado porque cometió un delito federal siendo presidente. Apuntan a inhabilitarlo si es hallado culpable.
Impeachment a Trump: “Es la acusación más grave contra un presidente de EE UU”

La impunidad no es una opción, al menos para EE UU. Todo el peso de la institucionalidad, la política y el Estado de derecho de la mayor potencia mundial recae a partir de este martes sobre el que tal vez haya sido el presidente más polémico que Estados Unidos ha tenido en su historia. El segundo juicio político al expresidente Donald Trump, algo inédito en los 244 años de historia de esa nación, tiene lugar en estos momentos en el piso del Senado, misma instancia legislativa que fue invadida por un grupo de seguidores extremistas de ultraderecha bajo la presunta incitación de su líder, Trump, quien precisamente es acusado de incitación a la insurrección contra la democracia y el Congreso. 

Y es que lo que ocurre hoy en EE UU es historia pura. Por primera vez, un expresidente será sometido al proceso de más alto grado de sanción contra la máxima autoridad federal de la potencia norteamericana: el juicio político, mejor conocido en inglés como impeachment. El tablero mantiene posiciones de mucha desventaja para el exmandatario republicano, mientras que los ‘fiscales’ demócratas usan todo el peso de sus argumentos, basados en la Constitución, para mantener la solidez de las acusaciones contra Trump. 

Un año después de que Trump fuera absuelto de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, el Senado ahora deberá decidir, por mayoría cualificada de dos tercios, si condena al ya expresidente por incitación a la insurrección tras el asalto violento al Capitolio el pasado 6 de enero, que buscaba boicotear la confirmación de Joe Biden como presidente electo. 

Choque de argumentos

Ese atentado contra la democracia y la Constitución es visto por los demócratas como la oportunidad para impedir y demostrar que la impunidad no existe en el sistema jurídico de los Estados Unidos, razón por la cual insisten en sancionar a Trump aunque ya no sea presidente. Entonces, como ya no puede ser removido de su cargo, los demócratas presionan en el juicio para declararlo culpable del único cargo imputado con una inhabilitación política como sanción. Eso impediría que Trump se postule como candidato en las elecciones presidenciales de 2024. 


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Según dijo al abrir la sesión el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, este proceso se trata de “la acusación más grave presentada nunca contra un presidente en la historia de Estados Unidos”. Con la influencia de este veterano en la gestión de alianzas y votos en el Senado, aunado a que los demócratas ahora controlan la mayoría (solo simple) de esa cámara, aumentan las probabilidades de que, si los demócratas convencen a los republicanos descontentos con Trump, se alcance el umbral de los dos tercios de los votos (67 de 100 senadores); una mayoría suficiente para declarar culpable al expresidente de aupar el ataque terrorista doméstico al Congreso. 

Sin embargo, el debate que tiene al juicio en un caluroso choque de argumentos es si un ciudadano privado debe ser juzgado. Trump ya no es un funcionario federal, por lo cual no puede ser sometido a un proceso jurídico-político, argumentan sus abogados defensores. El jefe de la defensa alega que un expresidente no puede ser juzgado. Pero los demócratas contraargumentan que Trump cometió el delito siendo presidente. Es aquí donde se entra en una especie de vacío jurídico, pues la Constitución no establece los mecanismos del impeachment bajo el escenario de que un expresidente sea juzgado por un delito que cometió cuando ostentaba el cargo.

El camino del pulso de Trump contra Washington

Las primeras etapas del primer día de juicio a Trump arrancaron al mediodía en Washington DC mientras los senadores, tanto del jurado como de los fiscales del juicio, observaban un video sobre la línea de tiempo en que ocurrieron los hechos violentos del atentado al Capitolio el 6 de enero. Acto seguido, el jefe del equipo acusador, el senador Raskin, aseguró: “Si esto no es una ofensa políticamente enjuiciable, nada lo es”. 

Asimismo, uno de los fiscales afirmó que en el marco de este juicio, la Constitución de EE UU establece que un expresidente puede ser condenado. En su página web oficial, el Senado informa lo siguiente: “La Constitución requiere un voto de dos tercios del Senado para condenar, y la pena para un funcionario acusado tras ser declarado culpable es la destitución de su cargo. En algunos casos, el Senado también ha descalificado a dichos funcionarios para ocupar cargos públicos en el futuro”. Por lo tanto, en este caso tan excepcional e histórico, la Cámara alta podría inhabilitar a Trump en el ejercicio de cualquier cargo como la sanción política-administrativa que viene a lugar ante su condición de ciudadano privado, pero con la imputación de un delito federal cometido bajo fuero presidencial.

Entonces, ¿bajo qué argumento Trump podría ser procesado penalmente? Al haber incitado a la insurrección, el entonces presidente cometió un delito federal por ser a la vez un acto de traición y sedición, los cuales están estipulados en el Código de EE UU con penas de hasta 5 y 20 años de prisión, respectivamente. Una vez que Trump sea inhabilitado políticamente por el Senado si es declarado culpable, podría enfrentar otro juicio, pero esta vez de carácter penal, por la comisión de ese delito haciendo uso de su influencia política como la máxima autoridad del país.

Es menester destacar que este no es un juicio criminal, sino político-administrativo, por lo cual la única sanción posible es la ya mencionada inhabilitación. Cualquier posible responsabilidad penal y moral de Trump en los hechos acaecidos el 6 de enero deberá ser determinada por un tribunal civil competente en materia penal, por supuesto, de manera independiente al proceso ejecutado actualmente en el Senado. El fenómeno nacional y global del trumpismo se sigue desvaneciendo. @mundiario

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