Human Rights Watch advierte de que la represión en el mundo aumentó en 2021

El uso de la pandemia como pretexto para perpetuar la represión y las restricciones a los derechos civiles, es lo que más destaca la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos (DD.HH.), Human Rights Watch (HRW), en su informe global publicado este jueves, y que corresponde al estado de los derechos fundamentales en varias regiones del mundo tras el 2021.

Para muchos Gobiernos, el poder que han ejercido para controlar la pandemia por coronavirus en muchos territorios, ha significado una oportunidad para implementar medidas arbitrarias que cercan y atentan en contra de la sociedad.

El aumento de la persecución de las disidencias en China, Cuba, Nicaragua, Rusia y Venezuela, la caída de frágiles democracias en Sudán, Afganistán o Birmania, las limitaciones a la prensa en México o El Salvador, o la vulnerabilidad de la mujer y las minorías en Oriente Medio, la región del Cáucaso, Hungría y la India, destacan para la organización.

Estas son unas de las tendencias que más se destacan en el documento de 700 páginas, que repasa la situación de deterioro de las libertades en la mayoría del planeta, de los cuales, según alertan los miembros de la asociación, ha tenido un potente avance en regiones occidentales como América Latina.

Décadas de retroceso en Latinoamérica

A propósito de los ataques a la independencia de poderes, a la libertad de prensa y las libertades de la sociedad civil, la HRW considera que el panorama en la región es preocupante, pues representa “el más grave retroceso en décadas” en materia de derechos humanos que América Latina ha demostrado hasta ahora.

Acerca de Cuba, la HRW ha declarado sentir preocupación por “abusos sistemáticos contra críticos y artistas, detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos”, tras las multitudinarias manifestaciones contra el Gobierno que en 2021 reivindicaron la lucha por la democracia y el retorno de la oposición en el exilio como un referente en acción.

En cuanto a Nicaragua, el principal aspecto es la controvertida elección presidencial que derivó en la perpetuación en el poder de Daniel Ortega para su quinto mandato, por considerar que “se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas”, tras la persecución y posterior encarcelamiento de críticos del Gobierno y de posibles candidatos electorales.

En Venezuela, el documento señala al Ejecutivo bolivariano de utilizar el estado de emergencia decretado por la pandemia “para intensificar su control sobre la población”. Igualmente, afirma que las fuerzas de seguridad del Estado “son responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por cortos periodos de tiempo, encarcelamiento de opositores, de procesar civiles en tribunales militares y de torturar a los presos”, denunció la ONG.

Giro en países democráticos

El HRW observa que, en países como México o El Salvador, el poder Ejecutivo arremete contra otros poderes y organismos del Gobierno, así como un aumento de restricciones constantes contra la prensa. “Estamos también preocupados por los líderes que son elegidos democráticamente y, una vez en el poder, lo que hacen es debilitar el Estado de Derecho”, expresó Tamara Taraciuk, directora de la organización para las Américas.

En El Salvador, particularmente, hacen énfasis en el reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema, los discursos del presidente Nayib Bukele y la autorización que le concedió el nuevo poder judicial de participar en una reelección continua en detrimento de la Constitución. Además, la ONG habla de socavamiento de la libertad de prensa que incluye espionaje y amenazas contra los periodistas.

Por su parte, México figura debido a la aplicación de una nueva ley que prioriza las obras del Gobierno sin contar con los requisitos debidos, la actuación del legislativo para impedir que se dé la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la sistemática omisión de las desapariciones forzosas, la violencia generada por grupos criminales, el tráfico de personas y tratos humillantes de migrantes.

Brasil y Colombia también aparecen documentados. El primero debido a la polarización generada por su presidente Jair Bolsonaro, las presiones a la prensa y la iniciativa por socavar la confianza en los procesos electorales electrónicos. Colombia, por su parte, figura por los abusos del cuerpo policial en las protestas en contra de la reforma tributaria, los asesinatos de líderes sociales y el resurgimiento de la violencia de grupos irregulares como las guerrillas. @mundiario