Feijóo dinamita los límites del respeto institucional
Lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados marca un punto de inflexión en el tono y el contenido del debate político en España. Alberto Núñez Feijóo, líder del principal partido de la oposición, no solo endureció su discurso contra Pedro Sánchez, sino que lo llevó a un terreno personal y difamatorio sin precedentes recientes en la política parlamentaria. Al acusar al presidente del Gobierno de haber vivido de los beneficios económicos derivados del supuesto “negocio de la prostitución” vinculado a su suegro —ya fallecido—, Feijóo traspasó el umbral de lo que podría considerarse crítica política para instalarse, sin pudor, en el terreno de la injuria.
La frase, pronunciada con teatralidad y golpes en la mesa —“¡Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución!”— no fue fruto de la improvisación, sino de una estrategia calculada. Se trataba de una acusación escrita y ensayada, diseñada para impactar mediáticamente, remover emociones en la bancada conservadora y provocar a un Sánchez que, por momentos, pareció no creerse lo que estaba escuchando.
Lo que se esconde tras esa retórica no es otra cosa que una peligrosa normalización del ataque personal como instrumento de desgaste político. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, y el secretario general del partido, Miguel Tellado, se encargaron al día siguiente de reforzar esa narrativa en medios de comunicación, llegando incluso a insinuar, sin presentar prueba alguna, que los ingresos familiares del presidente tienen origen en actividades vinculadas al intercambio sexual, en las que supuestamente participaron “jóvenes inmigrantes prostituidos”.
No estamos ante una simple escalada verbal. Estamos ante la institucionalización del rumor como herramienta política, ante el uso deliberado de bulos reciclados de épocas oscuras —como las operaciones de la “policía patriótica” del PP con Villarejo a la cabeza— para erosionar la figura del adversario. Una política de tierra quemada que amenaza con empobrecer aún más la democracia española y convertir el Parlamento en un escenario de ajustes de cuentas personales.
La paradoja es que estas declaraciones se producen al mismo tiempo que el Partido Socialista defiende en la Cámara su propuesta de abolición de la prostitución, lo que otorga a las acusaciones del PP un barniz especialmente cínico. Si el PSOE legisla contra la explotación sexual, ¿cómo se justifica que Feijóo utilice esa misma lacra como munición política, sin pensar en las víctimas reales del sistema prostitucional? Al convertir la prostitución en un arma para atacar a Sánchez, el PP no solo banaliza un fenómeno gravísimo, sino que invisibiliza su complejidad y reduce el debate a una difamación sin fundamento.
Más allá del fondo del asunto, hay una cuestión de formas que debería alarmar a cualquier demócrata: el desprecio absoluto por los principios de presunción de inocencia, respeto a la vida privada y dignidad institucional. El hecho de que la mujer de Sánchez esté siendo investigada no puede ni debe convertirse en carta blanca para arrastrar al presidente por el fango de insinuaciones personales, máxime cuando ni siquiera se ha formulado acusación formal alguna.
Resulta llamativo, además, que quienes ahora se indignan por supuestos beneficios de terceros por vínculos familiares callaran durante años ante los escándalos que afectaban a dirigentes de su propio partido. La hemeroteca está plagada de casos donde familiares de líderes del PP obtuvieron contratos públicos, asesorías, enchufes o favores. La doble vara de medir es tan evidente como corrosiva para la credibilidad del discurso popular.
El episodio vivido en el Congreso no es un hecho aislado, sino la expresión más visible de una estrategia que el PP ha intensificado en las últimas semanas: sustituir la confrontación de ideas por la descalificación personal. Feijóo parece haber asumido que la moderación ya no le reporta réditos electorales y ha decidido virar hacia un populismo de guante blanco, donde se simula compostura mientras se lanzan acusaciones gravísimas. Que Borja Sémper, uno de los perfiles más dialogantes del partido, no aplaudiera el discurso de su líder en el hemiciclo y al día siguiente rectificara en redes sociales, evidencia las tensiones internas que esta deriva provoca incluso entre los propios populares.
Por si fuera poco, Miguel Tellado remató la faena declarando que el Gobierno está “en la UCI”, dando por acabada una legislatura que, guste más o menos, sigue contando con mayoría parlamentaria. Hablar de “situación terminal” y urgir elecciones mientras se renuncia a plantear una moción de censura refleja una contradicción: el PP quiere que Sánchez caiga, pero no tiene ni la valentía ni los apoyos para intentar hacerlo caer. Prefiere que el desgaste lo logren las insinuaciones y las campañas de descrédito.
En política, todo no vale. Y cuando se cruzan ciertos límites, ya no es solo la imagen de un presidente la que se erosiona, sino la calidad del sistema democrático. Si el principal partido de la oposición basa su estrategia en alimentar la sospecha y convertir la vida privada en munición, el debate político pierde su función transformadora y se convierte en espectáculo de circo.
Los ciudadanos esperan de sus representantes altura, rigor, responsabilidad y propuestas. Lo vivido esta semana ha sido justo lo contrario: una sobreactuación sin pruebas, un linchamiento moral y una profunda banalización de los problemas reales de la ciudadanía. El riesgo no es que Sánchez salga reforzado de estos ataques, sino que todos, como sociedad, salgamos un poco más dañados. Porque el descrédito no se limita a quien lo sufre: también se pega a quien lo practica. @mundiario
