El exministro Ábalos medita la renuncia a su escaño, que podría ser inminente

El denominado caso Ábalos, conocido también como caso Koldo, ha dejado de ser un episodio más de la crónica judicial para convertirse en un espejo incómodo de la política española reciente. En él confluyen la gestión de la pandemia, la confianza personal elevada a categoría administrativa y un patrón de relación con el poder que, de confirmarse los hechos, trasciende lo anecdótico para apuntar a un problema estructural.

La investigación sitúa en el centro al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al dirigente socialista Santos Cerdán. Las sospechas giran en torno a presuntas comisiones ilegales, amaños en contratos públicos y tráfico de influencias, con especial atención a la compra de mascarillas en los momentos más críticos de la covid-19 y a determinadas adjudicaciones de obra pública. Audios, mensajes y testimonios dibujan un entramado en el que la proximidad al poder habría sido un activo decisivo.

Conviene subrayar, en todo caso, un principio básico: la presunción de inocencia. Ábalos, como cualquier investigado, tiene derecho a defenderse y a que sea un tribunal quien determine su responsabilidad penal. Pero la política no se rige solo por códigos penales. Existe también una responsabilidad política que exige decisiones claras cuando la confianza pública se ve comprometida.

En ese terreno, la gestión de los tiempos ha sido determinante. La que parece inminente renuncia al acta de diputado llega tarde, cuando el procedimiento judicial ha avanzado hasta un punto en el que la pérdida del aforamiento ya no altera sustancialmente el escenario procesal. El concepto jurídico de la perpetuatio iurisdictionis, que fija la competencia del tribunal una vez iniciado el proceso, convierte la dimisión en un gesto con escaso efecto práctico, aunque con implicaciones económicas y simbólicas.

¿Por qué no antes?

La pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué no antes? La dimisión temprana habría permitido separar con mayor nitidez la defensa personal del daño a la institución y al partido. Al retrasarla, se alimenta la sospecha de que la estrategia legal pesó más que la asunción de responsabilidades, una percepción que resulta especialmente corrosiva en un contexto de creciente desafección ciudadana.

El caso también interpela al PSOE, que reaccionó con rapidez en términos orgánicos, pero que no puede eludir una reflexión más profunda sobre los mecanismos de control interno y la cultura política que permite que asesores sin cargo electo acumulen un poder decisivo en la sombra. No es un problema exclusivo de un partido, pero sí una oportunidad para marcar diferencias.

Más allá de los nombres propios, el caso Ábalos vuelve a colocar sobre la mesa debates recurrentes: la utilidad real de los aforamientos, la opacidad de los contratos de emergencia y la facilidad con la que situaciones excepcionales pueden convertirse en terreno fértil para el abuso. La pandemia exigió rapidez; ahora exige rendición de cuentas.

La justicia hará su trabajo y lo hará con los tiempos que le son propios. La política, en cambio, no debería esperar a las sentencias para actuar. Cuando ambas se confunden, el resultado suele ser el mismo: una erosión silenciosa pero persistente de la confianza democrática. Ese es, quizá, el daño más difícil de reparar. @mundiario