El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos y Koldo García y mantiene su ingreso en prisión
El caso que sacudió al Gobierno durante la pandemia entra en su fase decisiva. El magistrado Leopoldo Puente, instructor en el Tribunal Supremo, ha dictado este jueves la apertura de juicio oral contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes; Koldo García, su asesor de máxima confianza; y el comisionista Víctor de Aldama. Los tres deberán responder ante una batería de acusaciones que retratan una presunta trama de corrupción tejida al calor de la urgencia sanitaria: organización criminal, cohecho activo y pasivo, uso y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y prevaricación.
La decisión del juez llega apenas un día después de que la Sala de Apelaciones confirmara el procesamiento de los tres acusados. En menos de 24 horas, Puente ha impulsado el procedimiento a su siguiente fase, enviando el caso a juicio y manteniendo la prisión provisional para Ábalos y su mano derecha. Ambos seguirán en Soto del Real, donde ingresaron el pasado 27 de noviembre tras considerarse un “riesgo extremo” de fuga, especialmente después de que la Fiscalía Anticorrupción anunciara que reclamará para el exministro 24 años de cárcel y para García, 19 años y medio.
La apertura de juicio oral ha tenido efectos inmediatos en la esfera política. A última hora del miércoles, el Congreso activó el artículo 21 de su reglamento, que suspende automáticamente a los parlamentarios en prisión preventiva y deja en suspenso sus derechos, deberes y remuneración. Ábalos, actualmente adscrito al Grupo Mixto, ha dejado de percibir su salario como diputado y no podrá participar en votaciones ni intervenciones parlamentarias.
Pese a su previsible pérdida de escaño futura, el Supremo será quien juzgue finalmente la causa. La jurisprudencia del alto tribunal establece que, una vez iniciada la instrucción de un aforado, el proceso debe completarse en la misma sede aunque este deje de serlo. Las fuentes jurídicas consultadas anticipan que el juicio podría fijarse para febrero o marzo.
Situación dispar para los acusados
Mientras Ábalos y García permanecen en prisión provisional, el tercer investigado, Víctor de Aldama, encara el proceso desde libertad vigilada. La Fiscalía ha solicitado para él una pena de siete años de prisión, sensiblemente menor, al considerar que ha colaborado con la investigación aportando información clave para desentrañar la red. Por ello, el juez ha optado por medidas mucho menos restrictivas: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.
No obstante, los tres investigados afrontan un frente económico severo. Puente ha impuesto a Ábalos y García una fianza conjunta de 70.000 euros, necesaria para cubrir las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento. Anticorrupción ha anunciado que en la vista oral solicitará que ambos indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec —perjudicadas por contrataciones irregulares vinculadas al exministro— por un total superior a 44.000 euros. Además, reclamará el decomiso de más de 430.000 euros, supuestas ganancias del delito de cohecho, así como multas adicionales y el pago de las costas judiciales.
La causa por la trama de las mascarillas se ha convertido en uno de los procedimientos judiciales más relevantes sobre la gestión de la emergencia sanitaria por covid-19. La presunta utilización del contexto de urgencia para obtener beneficios personales, el papel de intermediarios sin experiencia y la posible manipulación de contratos públicos colocan este juicio como un test crucial sobre la integridad de responsabilidades políticas y administrativas durante la pandemia.
Con la apertura de juicio oral, el Supremo se dispone ahora a depurar responsabilidades en un caso cuyo desarrollo seguirá marcando la agenda política y judicial en los próximos meses. @mundiario
