Un ex alto cargo de Adif revela que Ábalos intervino por las “molestias” a Jéssica Rodríguez
Según Zaldívar, Pardo de Vera le trasladó que el exministro de Transportes había llamado para quejarse de que en Ineco estaban “molestando” a Rodríguez porque la empresa quería darle unos bonos de comida.
La declaración del antiguo subdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, en el Tribunal Supremo introduce un elemento clave en el caso Koldo, una supuesta llamada del exministro de Transportes José Luis Ábalos a Isabel Pardo de Vera, la presidenta de Adif, por las “molestias” que sufría Jéssica Rodríguez en Ineco.
En la segunda jornada del juicio del caso Koldo, la atención se centró en un episodio aparentemente menor —unos cheques comida— que, sin embargo, ha adquirido una dimensión política relevante. Según Zaldívar, Pardo de Vera le trasladó que el ministro había llamado para quejarse de que en Ineco estaban “molestando” a Rodríguez.
Más allá del contenido concreto de esa “molestia”, lo significativo es la cadena de comunicación, desde una incidencia administrativa en una empresa pública hasta la cúpula del Ministerio. Este recorrido, inusual en términos de gestión ordinaria, es el que ha despertado el interés del tribunal.
Zaldívar reconoció que, tras esa comunicación, asumió que el contrato de Rodríguez era “especial”. No por instrucciones explícitas, sino por la percepción de que existía un vínculo directo con el ministro. En consecuencia, adoptó una cautela adicional, que cualquier incidencia debía escalarse directamente a la presidencia de Adif.
Ineco, Adif y la paradoja operativa
Uno de los aspectos más llamativos del testimonio es la aparente desproporción en la gestión del problema. Según lo relatado, Ineco no lograba contactar con la trabajadora para entregarle unos cheques comida, lo que acabó escalando hasta la presidencia de Adif y, presuntamente, hasta el propio ministro.
La escena plantea una estructura administrativa compleja movilizada por una incidencia menor, lo que sugiere que el caso no era tratado como uno más. La propia reacción del tribunal y de las partes evidenció la dificultad de encajar este episodio dentro de los cauces habituales de gestión.
El testimonio de Zaldívar no es el único sobre este asunto. Otros declarantes han ofrecido versiones distintas, incluyendo la idea de que se dieron instrucciones para “dejar en paz” a Rodríguez. El propio Zaldívar negó haber transmitido órdenes en ese sentido, insistiendo en su papel de mero “correa de transmisión”.
Estas contradicciones reflejan uno de los rasgos centrales del caso: la coexistencia de relatos divergentes que complican la reconstrucción de los hechos y obligan al tribunal a valorar no solo lo ocurrido, sino también cómo se percibió internamente.
Más allá del episodio: la cuestión del control público
El trasfondo del caso trasciende el episodio concreto. La contratación de Jéssica Rodríguez quien, según ella mismo declaró, no habría desempeñado funciones efectivas pese a percibir cerca de 44.000 euros, plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión en empresas públicas.
El hecho de que un cargo intermedio reconociera no conocer las funciones de cientos de trabajadores asignados a proyectos refleja una estructura organizativa donde la responsabilidad se diluye. En ese contexto, la aparición de “casos especiales” resulta aún más problemática.
La supuesta llamada de Ábalos, más allá de su contenido exacto, simboliza una posible interferencia política en la gestión ordinaria de recursos humanos. Aunque no constituye por sí misma una prueba concluyente, sí contribuye a dibujar un patrón de funcionamiento donde las relaciones personales podrían haber influido en decisiones administrativas. @mundiario
