Bases militares, gasto en defensa y soberanía: por qué la OTAN no puede expulsar a España
La tensión diplomática entre España y Estados Unidos ha vuelto a escalar tras la negativa del Gobierno a participar en una eventual escalada militar en Oriente Medio y la restricción del uso de las bases de Rota y Morón. El presidente, Pedro Sánchez, ha reiterado su “no a la guerra” y ha asegurado que el país dispone de recursos para afrontar un eventual embargo comercial. Desde Washington, Donald Trump ha deslizado amenazas económicas y ha recuperado una vieja idea: cuestionar la permanencia de España en la OTAN por su nivel de gasto en defensa.
Conviene poner orden en el ruido. La Organización del Tratado del Atlántico Norte no contempla en su carta fundacional ningún mecanismo de expulsión de un Estado miembro. Ni por incumplir objetivos de inversión militar ni por discrepar sobre el uso de infraestructuras estratégicas. El marco jurídico es claro y está recogido en el artículo 13 del Tratado de Washington, que establece únicamente la posibilidad de salida voluntaria. Es decir, un país puede marcharse si lo decide y lo comunica formalmente al Gobierno de Estados Unidos, depositario del tratado. La retirada se hace efectiva un año después de esa notificación y solo es posible tras veinte años de pertenencia, requisito que España cumple de sobra desde su ingreso en 1982 y la ratificación en referéndum en 1986.
El marco legal que pocos explican
La OTAN funciona por consenso político, no por un sistema sancionador interno. No existe una cláusula disciplinaria que permita castigar o expulsar a un socio. Esto no significa que no haya tensiones, sino que estas se gestionan mediante presión diplomática y negociación. Cuando Trump reclamó elevar el gasto en defensa hasta el 5 por ciento del PIB, lo hizo en el terreno político, no jurídico. Los compromisos de inversión son orientativos y dependen de la capacidad y prioridades de cada Estado.
Pensar que un desacuerdo puntual puede desembocar en una expulsión es como imaginar que una comunidad de vecinos puede echar a un propietario por votar en contra de una derrama. La estructura no está diseñada para eso. Está pensada para mantener cohesionada una alianza militar diversa, con intereses nacionales que a menudo no coinciden plenamente.
Las bases y la soberanía compartida
El uso de las bases de Rota y Morón se rige por acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos. Aunque estén integradas en el marco estratégico de la OTAN, su gestión depende de pactos específicos. Limitar su utilización en un contexto concreto no equivale a romper la alianza. Es una decisión soberana que forma parte de la negociación permanente entre socios.
Ahora bien, las consecuencias pueden llegar por otra vía. Estados Unidos sí puede adoptar medidas comerciales o arancelarias al margen de la OTAN. Esa es la palanca real de presión. La Alianza Atlántica no sanciona, pero la política internacional sí conoce el lenguaje de los costes y las represalias.
Más allá del pulso coyuntural
España entró en la OTAN en plena Guerra Fría y su permanencia fue avalada en referéndum por el 52 por ciento de los votantes. Desde entonces, la Alianza ha cambiado y también lo ha hecho el contexto geopolítico. El debate sobre cuánto invertir en defensa y hasta dónde acompañar a Washington en determinadas crisis no es nuevo, pero exige serenidad.
La expulsión no es una opción legalmente viable. La salida solo podría producirse por decisión propia y tras un proceso reglado. La verdadera discusión es otra: qué papel quiere desempeñar España en el tablero internacional y cómo equilibrar sus compromisos de seguridad con su autonomía política y sus prioridades sociales.
En tiempos de ruido, la ley actúa como un ancla. Y recordar lo que dicen los tratados no es un gesto técnico, sino una forma de proteger el debate democrático frente a la sobreactuación y la amenaza fácil. Porque la política exterior no se construye a golpe de ultimátum, sino con reglas claras y decisiones responsables que miren más allá del titular del día. @mundiario
