España descarta la propuesta de regularización urgente de inmigrantes impulsada por Podemos
El Gobierno de Pedro Sánchez se cierra a la regularización masiva y urgente de inmigrantes en España que impulsa Unidas Podemos, aliado de la coalición.
En esa línea, Iglesias y su equipo han presentado en el Congreso una proposición no de ley para reclamar esa regularización, que se ha hecho durante la pandemia en países como Portugal o Italia.
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El planteamiento se da a conocer apenas un día después de que el Gobierno estrenara una mayoría inédita para aprobar el decreto de nueva normalidad con PP, Ciudadanos y el PNV. La petición subraya que son los inmigrantes en situación irregular quienes más están sufriendo las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia.
No obstante, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, le sale al paso y asegura que este tema no está encima de la mesa del Consejo de Ministros. “No se ha producido un debate sobre esa regularización ni en este Consejo de Ministros ni en anteriores”, ha señalado Montero.
Desde que se anunciaron regularizaciones en Italia y en especial en Portugal, el país vecino y además presidido también por un socialdemócrata como Antonio Costa, sí hubo un debate dentro de la coalición, en el que Unidas Podemos defendió esta posibilidad, de acuerdo con voceros del Ejecutivo.
De hecho, algunos ministros elegidos del PSOE como José Luis Escrivá defendieron internamente algún tipo de fórmula cuando se discutió cómo resolver el problema de la mano de obra en el campo con las fronteras cerradas, pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas, descartaron de plano esta regularización masiva, que ha quedado fuera de la agenda del Ejecutivo.
Al respecto, Grande Marlaska mantuvo su posición habitual sobre la política migratoria, más restrictiva que la de otros ministros, y Planas señaló que con el decreto que hizo el Gobierno para incorporar jóvenes extranjeros y renovar autorizaciones de trabajo de temporeros inmigrantes era suficiente para cubrir las necesidades del campo.
De acuerdo con un informe de la Universidad Carlos III y la Fundación PorCausa, a finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000 irregulares. Esto supone entre un 11% y un 13% del total de inmigrantes regulares extracomunitarios. Contrariamente a lo que señalan los discursos políticos de la extrema derecha, el 80% de estos irregulares vienen de América y menos de un 10% de África.
La última gran regularización se produjo en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. De hecho, Unidas Podemos lleva el tema al Congreso, para marcar un perfil propio en un asunto que sabe que no tiene consenso en el Gobierno.
Varios grupos de izquierda han presionado al Gobierno con este asunto en las últimas semanas, y la respuesta siempre ha sido la misma: no habrá regularización masiva. En el Senado, el 19 de mayo, el ministro Escrivá señaló que es el marco europeo el que impide que España haga una regularización masiva.
La proposición no de ley, fue firmada también por ERC, Junts, BNG, Más País, CUP, Compromís y EH Bildu, denuncia que la política migratoria actual europea y del Gobierno español “restringe y condiciona la posibilidad de una vida y trabajo digno” y exige una simplificación de los trámites. @mundiario
