España se atreve a decir “genocidio”: el giro de Sánchez frente a Israel
El lenguaje en política no es neutro, y menos aún cuando se trata de conflictos internacionales. Durante meses, el Gobierno español esquivó el término “genocidio” para describir los ataques de Israel sobre Gaza. Hoy, esa cautela se ha roto. Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, lo ha pronunciado con todas sus letras, asumiendo así no solo una posición política sino también un pulso con la narrativa dominante en buena parte de Occidente, todavía marcada por las ambigüedades.
Este cambio no es menor. Significa reconocer que lo que ocurre en Gaza —hospitales bombardeados, niños muertos de hambre, más de 60.000 fallecidos y millones de desplazados— no puede describirse como un “daño colateral” de la guerra contra Hamás. Es, según Sánchez y según la relatora de la ONU, una violación sistemática de los derechos humanos y del derecho internacional que encaja en la categoría más grave que la comunidad internacional reconoce: el genocidio.
El anuncio viene acompañado de medidas concretas, aunque con un alcance limitado en términos globales. El decreto que aprobará el Consejo de Ministros legaliza el embargo total de armas a Israel, prohíbe la entrada en España a responsables políticos y militares israelíes implicados en la ofensiva y veta el tránsito de barcos o aviones con material bélico por territorio español. Además, se refuerza la ayuda humanitaria, con más de 150 millones destinados a Gaza y apoyo a la UNRWA, y se bloquea la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales.
No obstante, Sánchez ha decidido no dar el paso de romper relaciones diplomáticas, como piden Sumar y Podemos. El PSOE argumenta que esa decisión sería contraproducente, pues privaría a España de voz en los foros internacionales y restaría capacidad de mediación. En esta línea, se recuerda que ni la Autoridad Palestina ni los países árabes más críticos con Israel han llegado tan lejos. Una postura pragmática que evita el aislamiento, pero que también revela los límites de la valentía política.
La reacción de Israel no se ha hecho esperar: acusaciones de antisemitismo, referencias al decreto de expulsión de 1492 y la prohibición de entrada a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Sira Rego. Un choque frontal que, lejos de amedrentar al Ejecutivo, refuerza su intención de mostrar que España no se pliega a presiones externas. Pero el debate está servido: ¿es suficiente el embargo de armas y el bloqueo comercial parcial, o debería España dar el paso definitivo de retirar su embajadora de Tel Aviv?
El gesto de Sánchez tiene un fuerte componente simbólico. España, un país sin peso militar decisivo, no puede cambiar por sí sola el rumbo de la guerra. Pero sí puede ofrecer un referente moral en un contexto en el que Europa se debate entre la pasividad y la complicidad. En esa dimensión ética reside la apuesta del Gobierno: que dentro de unos años, cuando se escriba la historia de este conflicto, quede claro que España no miró hacia otro lado.
El desafío, sin embargo, va más allá de la política exterior. En el plano interno, el reconocimiento del genocidio puede acentuar las tensiones en el seno de la coalición y alimentar el discurso de la derecha, que acusa al Ejecutivo de antisemitismo y de poner en riesgo la posición internacional del país. De ahí la estrategia de Sánchez de iniciar su discurso con un homenaje al sufrimiento histórico del pueblo judío, tratando de desactivar esa crítica.
Con todo, la pregunta de fondo es si estas medidas serán suficientes para frenar la espiral de violencia. Probablemente no. Pero en un tiempo en que los silencios pesan tanto como las acciones, que un país europeo se atreva a decir lo que otros callan marca una diferencia. España, al menos, ha decidido ponerse del lado de las víctimas y no de la indiferencia. Y eso, aunque insuficiente en términos prácticos, es un paso imprescindible en términos morales. @mundiario
