ERC arranca a Sánchez una financiación con ordinalidad, pero sin garantía de Presupuestos

El pacto podría suponer cerca de 5.000 millones de euros adicionales para Cataluña, pero no asegura la estabilidad parlamentaria: Junqueras mantiene en el aire su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y a los de la Generalitat.
Oriol Junqueras, presidente de ERC y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. / La Moncloa
Oriol Junqueras, presidente de ERC y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. / La Moncloa

La escena en La Moncloa tenía un fuerte valor simbólico y político. Oriol Junqueras, líder de ERC, anunciaba tras reunirse con Pedro Sánchez un acuerdo que, de materializarse, modificaría uno de los pilares más sensibles del Estado autonómico: el modelo de financiación. El eje central del pacto es la introducción del principio de ordinalidad, según el cual una comunidad no debe perder posiciones relativas tras contribuir al sistema común. En términos prácticos, Junqueras lo resumió con claridad: si Cataluña es la tercera en aportar, debe ser también la tercera en recibir.

De acuerdo con las cifras adelantadas por ERC, la Generalitat obtendría alrededor de 4.700 millones de euros más al año —cerca de 5.000 millones—, lo que supondría un incremento de entre el 12 % y el 18 % de su financiación, según las distintas estimaciones. El Gobierno, por su parte, insiste en que el nuevo modelo beneficiará a todas las comunidades del régimen común y que ninguna perderá recursos, lo que implica un mayor esfuerzo financiero por parte del Estado.

El Ejecutivo defiende que la reforma cumple una promesa largamente aplazada: actualizar un sistema caducado desde 2014. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de presentar los detalles técnicos, pero el marco político ya está definido. El acuerdo con ERC se extendería a todas las comunidades autónomas —excepto País Vasco y Navarra— y podría implicar una transferencia global de hasta 18.000 o incluso 20.000 millones de euros adicionales.

Sin embargo, la lectura política es más compleja. Para ERC, el pacto refuerza su papel de socio imprescindible y le permite exhibir avances concretos en su agenda territorial. Para el Gobierno, supone avanzar en la reforma autonómica, pero también asumir el riesgo de tensiones con otras comunidades y con la oposición, especialmente el Partido Popular, al que Moncloa emplaza a apoyar la reforma si defiende el Estado del bienestar y el modelo autonómico.

La estabilidad parlamentaria sigue en el aire

Pese al anuncio, Junqueras dejó claro que el acuerdo no garantiza el respaldo de ERC a los Presupuestos. La razón es clave: no se ha cerrado aún la cuestión de la recaudación y gestión del IRPF por parte de Cataluña, uno de los compromisos recogidos en los pactos de investidura tanto con Sánchez como con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Mientras no haya un acuerdo político claro sobre este punto, ERC sostiene que “no se dan las condiciones” para negociar las cuentas públicas, ni en Madrid ni en Barcelona.

Este matiz convierte el anuncio en un pacto relevante pero incompleto. La Moncloa buscaba apuntalar su mayoría parlamentaria con ERC, pero de momento solo obtiene un apoyo condicionado. El mensaje es nítido: hay avances en financiación, pero no un cheque en blanco para la gobernabilidad.

Además, la reforma deberá superar un recorrido institucional exigente. Al implicar cambios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), necesita mayoría absoluta en el Congreso. Junts ya ha advertido que no apoyará nada que no sea un concierto económico similar al vasco, mientras que el PP mantiene una posición crítica. ERC, consciente de esta aritmética, traslada la presión al resto de partidos: quien vote en contra, advierte Junqueras, deberá explicar por qué rechaza más recursos para los servicios públicos.

El anuncio del acuerdo refleja el delicado equilibrio en el que se mueve la política española: avanzar en reformas estructurales a cambio de apoyos parlamentarios fragmentados. La financiación autonómica vuelve así al centro del debate, no solo como cuestión técnica, sino como moneda política de primer orden. Cataluña podría salir reforzada en términos financieros, pero la estabilidad del Gobierno sigue dependiendo de que los compromisos pendientes —especialmente el IRPF— se concreten. Por ahora, el pacto suma recursos, pero no despeja las incógnitas sobre los Presupuestos ni sobre la legislatura. @mundiario

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