Illa, a la espera de la financiación singular: la clave para sostener su legislatura condicionada
Cataluña ha dejado atrás la centralidad del conflicto territorial, pero no ha salido del todo de la excepcionalidad política. El Govern de Salvador Illa encara su segundo año de mandato sin unas cuentas aprobadas y con la prórroga de los Presupuestos de 2023 como única red de seguridad. En ese contexto, la financiación singular se ha convertido en la pieza clave que condiciona todo lo demás: desde la negociación presupuestaria hasta la viabilidad del proyecto político del president.
El propio Illa deslizó a finales de año que “este enero van a pasar cosas”, una frase calculadamente ambigua que apuntaba al anuncio del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. No era una expectativa retórica. Su conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ya había anticipado que el acuerdo estaba en la recta final. Y ERC, por boca de Oriol Junqueras, dejó claro que sin avances concretos no habrá negociación presupuestaria, ni en Cataluña ni en el Congreso.
El Ejecutivo catalán gobierna en minoría y depende de dos socios con agendas distintas, pero igualmente determinantes. Los comunes condicionan su apoyo a políticas sociales ambiciosas, especialmente en vivienda, sanidad y educación. ERC, en cambio, ha situado la financiación y el autogobierno fiscal en el centro de la legislatura.
La falta de Presupuestos no ha paralizado completamente la acción del Govern —en 2025 se aprobaron suplementos de crédito por más de 4.000 millones de euros—, pero sí limita su margen político y refuerza la capacidad de presión de sus socios. Illa ha priorizado medidas en vivienda, como la regulación del alquiler de temporada, para atender las demandas de los comunes, pero sin un nuevo sistema de financiación el margen de maniobra es estrecho.
La financiación singular como eje del mandato
El nuevo modelo que prepara el Gobierno central se prevé que incremente en torno a 18.000 millones de euros los recursos para las comunidades autónomas. Para Cataluña, la clave no es solo la cantidad, sino las reglas del reparto. El Govern aspira a que se aplique el principio de ordinalidad, de modo que la comunidad no caiga posiciones tras contribuir a la caja común.
Este principio, incluido en el pacto de investidura con ERC, tiene un fuerte valor simbólico y político. No supone romper la solidaridad interterritorial, como insiste Illa, pero sí corregir un desequilibrio que los distintos gobiernos catalanes han denunciado durante años. La dificultad reside en que el acuerdo bilateral entre la Generalitat y el Estado solo lo recogió en el preámbulo, no en el articulado, lo que deja margen para interpretaciones y frustraciones futuras.
Para ERC, la financiación no es el único requisito. Junqueras ha reiterado que también es imprescindible avanzar hacia un sistema en el que Cataluña pueda recaudar el IRPF, una reforma que implicaría cambios legales profundos. El Govern ya ha asumido que ese objetivo no podrá cumplirse en 2026, como se pactó inicialmente, y lo ha aplazado hasta 2028, cuando finaliza la legislatura.
Este aplazamiento fue aceptado por los republicanos, pero no elimina la presión política. El mensaje es claro: sin financiación primero, no habrá IRPF después; y sin ambos, no habrá Presupuestos. Illa necesita, por tanto, cerrar cuanto antes un acuerdo que al menos permita desbloquear la primera fase del compromiso.
Cataluña, bastión del PSOE y factor de estabilidad
En un contexto en el que el PSOE ha sufrido retrocesos electorales y afronta ciclos complejos en comunidades como Aragón y Andalucía, Cataluña se ha convertido en uno de los principales pilares de Pedro Sánchez. Esa centralidad refuerza la posición negociadora del Govern catalán, pero también eleva las expectativas de sus socios.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha prometido presentar el nuevo modelo a principios de año, e Illa confía en que el calendario no se vea alterado por cálculos electorales. El tiempo, sin embargo, juega en su contra: cuanto más se alargue la negociación, mayor será la sensación de bloqueo y más difícil resultará reconducir la legislatura.
Illa ha construido su presidencia sobre la normalización institucional y la gestión pragmática. Pero la estabilidad política no se sostiene solo con discurso. Sin financiación y sin Presupuestos, su mandato corre el riesgo de quedar atrapado en una legislatura de mínimos, sostenida a base de prórrogas y acuerdos puntuales.
El acuerdo de financiación no resolverá por sí solo todas las tensiones, pero es la condición necesaria para desbloquear el resto del tablero: las cuentas, el cumplimiento de los pactos y la credibilidad del Govern ante sus socios. En ese sentido, enero no es solo un mes clave, sino un punto de inflexión para el futuro inmediato de la política catalana. @mundiario
