Dos estrategias, un mismo Gobierno enfocado en defender a García Ortiz sin romper con el Supremo
El fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz ha colocado al Gobierno en una posición incómoda: defender su inocencia sin cuestionar la legitimidad del Alto Tribunal. En ese equilibrio, sin embargo, han emergido diferencias notables entre el PSOE y Sumar.
Desde el primer momento, el Ejecutivo reiteró su respeto institucional al Supremo, aunque dejó claro que “no comparte” la sentencia. Pero la gestión de este rechazo ha evidenciado dos estilos claramente diferenciados.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha apostado por un discurso medido. Rechaza especular sobre por qué el Supremo hizo público el fallo antes de la sentencia, evita confrontar abiertamente con los magistrados y pide “paciencia” para conocer los fundamentos jurídicos. Su objetivo: no alimentar de lleno una ola de desconfianza hacia la Justicia. Bolaños insiste en que discrepar es “legítimo”, pero pide evitar generalizaciones que erosionen a una institución clave del Estado de derecho.
En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se limita a “respetar” las manifestaciones azuzadas desde el propio Ejecutivo que son contrarias al fallo, sin hacer un llamamiento explícito a la movilización. El PSOE evita así encender un conflicto que podría agravar la tensión institucional, pero no se resiste a surfear la ola de simpatía electoral que percibe en las bases progresistas ante el fallo del Supremo.
Yolanda Díaz y Sumar denuncian la “anomalía”
Frente a la sobriedad socialista, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz apuesta por un discurso político más contundente. La líder de Sumar ha calificado de “profundamente anómalo” que la sentencia no se conozca cinco días después del fallo e insiste en que la ciudadanía debe “movilizarse en favor de la democracia”.
El socio minoritario de la coalición considera que el Supremo debe actuar con mayor transparencia, y plantea que la respuesta social es una herramienta legítima para expresar desacuerdo. Las calles, afirma Díaz, “no son de la extrema derecha”, marcando así un contraste directo con el enfoque del PSOE de insuflar el descontento producido en la izquierda por el fallo contra García Ortiz.
Desde Moncloa sostienen que ambas posiciones son “complementarias” y no contradictorias. Pero en la práctica, las diferencias exhiben una dualidad: dos maneras de relacionarse con el Poder Judicial y dos métodos para capitalizar políticamente el malestar que la condena ha generado en la base progresista.
Mientras el PSOE intenta minimizar el impacto institucional, Sumar lo amplifica para movilizar a su electorado.
El PP clama “la primera condena en firme del sanchismo”
La derecha ha reaccionado con dureza. El PP describe el fallo como “la primera condena en firme del sanchismo” y vincula directamente a Pedro Sánchez con la inhabilitación de García Ortiz. Su portavoz, Miguel Tellado, no solo cuestiona el nombramiento del sustituto, Teresa Peramato, sino que exige la dimisión de Díaz por “cuestionar” al Supremo.
Los populares buscan proyectar la imagen de un Gobierno dividido, sin autoridad moral y que “politiza” la Fiscalía General del Estado. La sustitución de García Ortiz, afirman, no garantiza que no alargue el “continuismo” en la institución.
La controversia en torno a García Ortiz no se limita al terreno judicial. Se ha convertido en un campo de batalla político sobre la separación de poderes, la legitimidad del Ejecutivo y el papel de la protesta social.
El Gobierno, atrapado entre el respeto institucional y la necesidad de capitalizar las demandas de su electorado, se enfrenta a un dilema complejo. Y la oposición aprovecha cada matiz para reforzar su relato sobre un Ejecutivo desgastado y dividido. @mundiario
