¿Debería someterse Trump a impeachement por actos más graves de los que hicieron dimitir a Nixon?

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Nixon y Trump, dos presidente discutidos y discutibles.
Comparando el caso Watergate que costó la presidencia a Nixon y la incitación a sus partidarios a tomar el Congreso para perturbar su actividad ordinaria, parece más grave la conducta de Trump.
¿Debería someterse Trump a impeachement por actos más graves de los que hicieron dimitir a Nixon?

Están apareciendo cada vez más voces críticas de especialistas en Derecho Constitucional de todo el mundo que, con respecto a los delitos contra la Constitución de los Estados Unidos, entienden que el presidente Trump debería ser sometido a un proceso de 'impeachment' (que en castellano significa “destitución” o “impugnación”), el juicio político a que somete el Congreso de EEUU al presidente, si este es acusado de “traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves", dentro del que se incluiría el de sedición o incitación a alterar por la fuerza la acción ordinaria de las instituciones democráticas, especialmente grave en este caso. Comparando su conducta con la del dimitido presidente Nixon por el llamado “Caso Watergate”, entienden que Trump la ha sobrepasado en todos los sentidos. O sea, que peor que el mero espionaje política y la mentira a la nación.

Desde 1780, el 'impeachment' como proceso a un presidente, vicepresidente y cualquier cargo público civil está consagrada en la Constitución de Estados Unidos. El origen de esta figura jurídica trae causa de las leyes coloniales inglesas, y se aplica a un amplio ramillete de causas, desde “traición, soborno, altos delitos o faltas”. Al respecto existe un amplio debate entre los especialistas acerca de todo aquello que justifica el juicio político de esta naturaleza a un presidente.

Cabe recordar que, en el caso de Nixon, el origen del mismo se inició con la detención de cinco hombres, implicados en el robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables, mentir y ocultar pruebas. Desde entonces, la expresión “Watergate” se extendió a una serie de acciones ilegales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon. Una de las pruebas contra éste fue el descubrimiento de que Nixon disponía de un sistema de grabación de cintas, con conversaciones comprometedoras, que el presidente no tuvo más remedio que entregar a los investigadores del caso, porque se lo impuso el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Nixon tuvo que dimitir el 9 de agosto de 1974, pero el 8 de septiembre de 1974, su sucesor, el también republicano Gerald Ford, le concedió el perdón.

Dado el complejo sistema de destitución de un presidente y el proceso en que se halla en esto momento que Trump, que deje el cargo antes del relevo, pese a entender que merecería ser destituido, estiman los expertos que es mejor continuar con el relevo normal. Pero también se estima que su actuación incitadora es tan grave que no puede quedar impune.

La Constitución de los Estados Unidos otorga a la Cámara de Representantes la capacidad de iniciar el proceso de destitución. Si es aprobado por mayoría, el proceso se traslada al Senado, donde es necesario el voto a favor de dos tercios del mismo para que prospere. Sólo ha habido dos impeachments a un presidente en la historia de Estados Unidos, ambos del Partido Demócrata: en 1868 a Andrew Johnson y en 1998 a Bill Clinton. Ambos procesos fueron aprobados por la Cámara de Representantes, pero rechazados por el Senado. En 1974, el Congreso iniciaba los preparativos a un impeachment al presidente Richard Nixon cuando el republicano presentó su dimisión por el escándalo del caso Watergate, como queda dicho, por lo    que logrado su efecto no siguió adelante. La sombra del impeachments ha sobrevolado la Casa Blanca en otras ocasiones, tanto en el caso de Gerard Ford como del propio Obama, pero sin materializarse nunca, pese a su uso como arma política por sus adversarios, respectivos.

En realidad, el inicio del proceso es muy sencillo y tiene cuatro fases: 1º. Un congresista acusa formalmente al presidente y presenta una resolución pidiendo su destitución. 2º La denuncia es estudiada por Cámara de Representantes, pero para que siga adelante es necesario que una mayoría simple, es decir el 51% como mínimo de los congresistas, apruebe la destitución. En ese caso, empieza propiamente el juicio. 3º Actúan como fiscales miembros de la Cámara de Representantes y como jurado los cien senadores. El proceso lo preside el titular de la Corte Suprema de Justicia. Como en todo proceso judicial, el acusado, en este caso, el presidente, puede tener acceso a abogados defensores. 4º. Una vez acaba el juicio se procede a la votación entre los senadores, como jurado del proceso. Si el presidente es hallado culpable por al menos dos tercios (67%) de los senadores, el presidente es destituido del cargo y lo sustituye el vicepresidente. El jefatura del Estado pasa entonces al vicepresidente. @mundiario

La enmienda 25ª de la Constitución de EE UU

La enmienda 25ª es un mecanismo contemplado en la Constitución de EE UU que fue ratificado en 1967, tras el asesinato de John F. Kennedy, como un procedimiento para sustituir a un mandatario “que no es capaz de llevar a cabo sus poderes y deberes en la oficina”. En la práctica, se redactó para casos en el que un presidente no pudiera cumplir con sus funciones por muerte o enfermedad.
La enmienda 25ª establece que, “en caso de destitución del presidente de su cargo, de su muerte o renuncia, el vicepresidente asumirá la presidencia”. Para aplicar la enmienda, el vicepresidente y una mayoría del Gabinete de Donald Trump deberían informar al Congreso por escrito de que el presidente no puede cumplir con su tarea. @mundiario

 

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